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Comisión realizará mesas de análisis para el presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción

Comisión realizará mesas de análisis para el presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de abril, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).— La Comisión de Transparencia y Anticorrupción, que preside el diputado Rogerio Castro Vázquez (Morena), acordó realizar una serie de reuniones para construir una propuesta de presupuesto que permita el adecuado funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).

En reunión de la Junta Directiva de esa instancia, el diputado Rafael Hernández Soriano (PRD) mencionó que es fundamental realizar un planteamiento concreto, ya que el Poder Ejecutivo tiene gran disposición para combatir la corrupción; sin embargo, agregó, “para que el SNA funcione y sus engranajes no se oxiden, es necesario brindarle un presupuesto justo”.

El diputado propuso que las mesas de análisis sean a través de un parlamento abierto, es decir, que se invite a organizaciones como el Comité Ciudadano del SNA, a funcionarios de la Función Pública, a dependencias y demás organismos involucrados.

“La idea es generar una ruta crítica para que esta comisión le dé rumbo a la discusión del presupuesto del Sistema Nacional Anticorrupción”, expresó.

Al respecto, el diputado del PRI, Hugo Daniel Gaeta Esparza dijo que la propuesta es benéfica para la operación del SNA. “Estamos a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó.

Por otra parte, los legisladores aprobaron dos predictámenes, los cuales serán discutidos y, en su caso, aprobados en su próxima reunión ordinaria.

El primero se trata de un punto de acuerdo relativo al fortalecimiento de los procesos de adquisición de bienes y servicios que realizan las dependencias del Poder Ejecutivo, entidades estatales y órganos autónomos.

El documento explica que en el país, las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra se norman por el artículo 134 de la Constitución Política.

Asimismo, se regulan de manera particular por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual busca asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Gaeta Esparza apuntó que si bien este punto de acuerdo se centra en el gobierno de Jalisco, es necesario extender este llamado al resto de las entidades federativas.

“De lo contrario, advirtió, pareciera que hay cierto interés político y partidista y se deja de lado el interés en cumplir la trasparencia y la anticorrupción en el país”. La propuesta fue aprobada por los integrantes de la Comisión.

También avalaron un punto de acuerdo por el que se solicita al gobierno de Michoacán a informar a la sociedad local, en el marco del decreto administrativo de medidas de austeridad, transparencia y eficiencia del gasto de la administración pública del estado, sobre el monto de los ahorros generados y el avance en el cumplimiento del precepto.

El diputado Omar Noé Bernardino Vargas (PVEM) expresó que se busca que el gobierno de Michoacán informe cuáles son las medidas de ahorro y si se ha cumplido con el decreto que el mismo estado creó desde hace un año, precisamente “para hacer transparente lo que se gasta del dinero del pueblo”.

Además se pide a los funcionarios cumplan con los lineamientos que marca la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ya que están obligados a la legalidad, eficiencia y austeridad.

“Es necesario que todos los gobernadores transparenten en que se gastan el dinero del pueblo y por qué se dan gastos superfluos. No es cuestión de politiquería o de sacar raja política, sino que se cumpla con la rendición de cuentas, aclaró.

El perredista Hernández Soriano sugirió que también se debe exhortar al gobierno federal y a todas las entidades federativas.

La diputada panista, Cecilia Romero Castillo, pidió dejar en sus términos el punto de acuerdo, toda vez que no todas las entidades federativas cuentan con un decreto de austeridad.

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