Derechos sociales, eje rector de la tutela judicial en tiempos de crisis: Luis María Aguilar – Mensaje Político
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Derechos sociales, eje rector de la tutela judicial en tiempos de crisis: Luis María Aguilar

Derechos sociales, eje rector de la tutela judicial en tiempos de crisis: Luis María Aguilar

CIUDAD DE MÉXICO, 18 de mayo, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).— El Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), destacó el centenario de la Constitución mexicana y su contribución en la protección de derechos sociales desde su promulgación en 1917, durante su intervención en la Mesa Mecanismos de tutela judicial de los derechos sociales.

Los derechos sociales, señaló, “constituyen uno de los ejes rectores de la protección judicial”. Agregó que en la actualidad la existencia del Estado y la actuación de sus autoridades se justifican en la medida en que promueven el ejercicio y la defensa de los derechos fundamentales, propios de una sociedad democrática.

El Ministro Aguilar Morales reconoció que “las Cortes Supremas y Constitucionales están llamadas a construir decisiones judiciales que contribuyan, de manera progresiva, a la tutela de los derechos sociales, preservando la capacidad de respuesta de las instituciones públicas”.

El reto que enfrenta el juez constitucional –continuó— consiste en salvaguardar el derecho humano de la persona sin comprometer la viabilidad presupuestal y financiera del Estado.

Para ello, la Suprema Corte ha establecido condiciones específicas que deben cumplir las autoridades: “cuando el Estado aduce que existe una carencia presupuestaria, debe acreditarlo”.

Apuntó que este criterio del Alto Tribunal permitió establecer una obligación general para las autoridades que constituye una defensa judicial de los derechos del individuo y su satisfacción por parte de las instancias responsables.

“Promover y garantizar los derechos sociales, desde la Judicatura, exige también fijar el alcance de las normas constitucionales y convencionales que protegen dichos derechos fundamentales”, añadió.

Al respecto, el Ministro Aguilar Morales recordó la jurisprudencia que se ha desarrollado en México a partir del Caso Radilla, que permitió definir la trascendencia y vinculatoriedad de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Resaltó que la interpretación que ha elaborado la Corte mexicana sobre el caso ha sido retomada por el propio organismo regional en su labor jurisdiccional a favor de los derechos fundamentales.

En un diálogo con el Ministro Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema de Argentina y el magistrado Juan Antonio Xiol del Tribunal Constitucional de España, el Ministro Aguilar Morales compartió algunos de los criterios jurisprudenciales más relevantes emitidos por la Suprema Corte.

Entre los que destacó, el establecido en materia de matrimonio igualitario, a través del cual el Alto Tribunal realizó una interpretación constitucional garantista en favor de la igualdad entre las personas, ampliando la protección de los derechos fundamentales.

“Otro criterio relevante fijado por la Suprema Corte que benefició a las personas portadoras de VIH-sida, mediante la construcción del Pabellón 13 para mejorar las condiciones en que reciben atención médica por parte de las autoridades de salud”.

Otras resoluciones en las que hizo hincapié el Ministro Aguilar Morales son las referidas a personas con espectro autista.

Asimismo, el Ministro Presidente hizo énfasis en las medidas de orden administrativo implementadas dentro de la Suprema Corte, como la creación del Programa de Inclusión Laboral, que permitió la contratación de personas con discapacidad y la revisión sobre las condiciones de accesibilidad de las instalaciones del Alto Tribunal, para favorecer su adecuado desempeño profesional, de conformidad con los principios de inclusión, no discriminación y dignidad de la persona.

Manifestó que esta política de inclusión también ha sido instrumentada dentro del Centro de Desarrollo Infantil de la Suprema Corte, lo que ha promovido la sensibilización y la promoción de una cultura de respeto a los derechos humanos de las niñas y niños con discapacidad.

Sobre las sesiones del Pleno de la Suprema Corte, el Ministro Aguilar Morales recordó que, desde 1917, la Constitución estableció la publicidad de las sesiones del Alto Tribunal. “Desde 2005 son transmitidas por el Canal Judicial y en la actualidad pueden ser también seguidas por el sitio electrónico de la institución, en un esfuerzo por fortalecer la transparencia institucional y dar contenido al principio de máxima publicidad”.

Finalmente, el Ministro Presidente Aguilar Morales empatizó la buena coordinación institucional que existe entre la Suprema Corte y los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados y otros órganos jurisdiccionales, a través de la creación de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia (AMIJ), una iniciativa impulsada por el Alto Tribunal.

Durante la inauguración del Congreso, el Rector de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Andradas, destacó que la Unión Iberoamericana de Universidades (UIU) representa una voz conjunta generadora de opinión a nivel internacional, relevante en tiempos de crisis. Por su parte, Juan José González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional de España hizo referencia al papel de la justicia constitucional a nivel nacional e internacional en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales, así como el diálogo que debe prevalecer entre tribunales nacionales, para compartir experiencias y fortalecer el conocimiento recíproco.

En el evento participaron también los Presidentes de la Corte Suprema de Argentina, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional de España, así como profesores y directivos de las instituciones de educación superior pertenecientes a la Unión Iberoamericana de Universidades.

El Congreso es resultado de la iniciativa impulsada por la Unión Iberoamericana de Universidades, que reúne a las máximas instituciones jurisdiccionales de Argentina, Brasil, España y México, así como a las universidades de los cuatro países, en la cual participa la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

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