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Aristegui, Loret de Mola y el IMCO, entre los espiados por el gobierno

Aristegui, Loret de Mola y el IMCO, entre los espiados por el gobierno

CIUDAD DE MÉXICO, 19 de junio, (AGENCIAS / CÍRCULO DIGITAL).- El 12 de enero de 2015, la periodista Carmen Aristegui recibió un mensaje de texto diciendo que el “mensaje anterior no fue enviado” junto con un enlace. Durante el próximo año y medio, Aristegui recibió otros 25 mensajes que fingían contener información de la Embajada de Estados Unidos en México, alertas Amber, colegas, personas en su vida personal, su banco, compañía telefónica y notificaciones de secuestro. Posteriormente Emilio Aristegui, hijo de Aristegui, también recibió al menos 21 de estos mensajes, siendo menor de edad.

En agosto de 2015, el periodista Carlos Loret de Mola también comenzó a recibir mensajes sospechosos durante un período en que estaba cubriendo la masacre en una granja conocida como “Rancho El Sol” en el oeste de México. Loret estaba informando sobre la posible participación y posterior encubrimiento de elementos del gobierno federal mexicano en la desaparición de 42 personas que tuvo lugar en Rancho El Sol.

Estos mensajes, en realidad, tenían el objetivo de infectar los teléfonos celulares para rastrear sus comunicaciones a través de Pegasus, un malware de espionaje electrónico desarrollada y vendida por la firma israelí NSO Group vendida exclusivamente a gobiernos. Aristegui y Loret de Mola son sólo dos de los 11 nuevos objetivos descubiertos por el instituto de investigación Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que fueron espiados presuntamente por el gobierno de México.

En su espacio informativo que transmite por Internet, la periodista Carmen Aristegui criticó las prácticas de espionaje en contra de su hijo y de los periodistas, realizadas por el gobierno de Peña Nieto y con cargo al erario: “Que llegue al caso de atacar con estos sistemas de espionaje a un estudiante y menor de edad en esos momentos me parece indignante y gravísimo en todas sus connotaciones”.

En un reporte publicado este lunes, el Citizen Lab, en colaboración y asistencia de R3D, SocialTic y el Artículo 19, documentó cómo 10 periodistas y defensores de los derechos humanos mexicanos, un menor de edad y un ciudadano de los Estados Unidos fueron blanco del espionaje a través del software de NSO Group. El análisis de las muestras analizó más de 76 mensajes que contienen vínculos que buscan espiar las comunicaciones.

Entre los periodistas también se encuentran Salvador Camarena y Daniel Lizárraga, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; los periodistas Rafael Cabrera y Salvador Barragán. Además, se identificaron como blancos a Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, de la Organización No Gubernamental (ONG) Centro Miguel Agustín Pro Juárez; Juan Pardinas y Alexandra Zapata, del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

“Los objetivos comparten una conexión básica: han estado involucrados en investigar o trabajar en informes de alto nivel de corrupción oficial, o la participación del gobierno en los abusos de los derechos humanos. Los intentos de infección a menudo coincidieron con el trabajo en investigaciones específicas de alto perfil y asuntos delicados entre enero de 2015 y agosto de 2016, momento en el cual nuestro informe anterior probablemente llevó al cierre de las operaciones”, explicó el Citizen Lab.

Según un reciente informe de Artículo 19, al menos el 53% de los 426 actos de violencia e intimidación contra periodistas en 2016 estaban vinculados a funcionarios. El informe también encontró que prácticamente ninguna de estas acciones resultó en consecuencias legales para el agresor.

“A pesar de estos riesgos, los reporteros y editores siguen informando sobre temas importantes, incluyendo la corrupción en los niveles más altos del país. Los periodistas que trabajan en estos temas a menudo se enfrentan a amenazas en un intento de intimidarlos en silencio”, refiere Citizen Lab.

El nuevo reporte llega después de que, en febrero, una investigación del Citizen Lab reveló que el investigador Simón Barquera del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP); Alejandro Calvillo, director general de la organización Al Poder del Consumidor; y Luis Encarnación, coordinador de la Coalición ContraPESO, promotores del impuesto a las bebidas azucaradas, también fueron blanco del espionaje gubernamental.

“Es el mismo modus operandi. Los reportes que salen el día de hoy identifican el mismo texto y la misma infraestructura que van dirigidas al mismo objetivo. Muchas veces vemos casos donde dos o tres personas están siendo atraídas por links que tienen el mismo dominio y son personas que no tienen que ver una con otra”, explicó el director de SocialTIC, Juan Manuel Casanueva.

De los 88 mensajes de texto con enlaces maliciosos que han sido documentados, el dominio con mayor uso fue smsmensaje.mx, con 44.3% de los enlaces (39), seguido de unonoticias.net, con 31.8% (28), de acuerdo con el informe.

En una entrevista con El Economista, Casanueva dijo que se tratan de ataques sistemáticos contra varias personas y que apuntan al gobierno. Se ha documentado que entidades como la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) han sido clientes de NSO Group, pero Casanueva insiste en que la certeza se podrá tener cuando el gobierno transparente las prácticas del uso y compra de herramientas de espionaje.

El espionaje electrónico fue la principal razón por lo que una decena de asociaciones que integraban el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil del Secretariado Técnico Tripartita (STT) de la AGA se retiraron de la iniciativa por la vigilancia ilegal del gobierno en contra de activistas promotores del impuesto a las bebidas azucaradas y a periodistas.

Como respuesta, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) criticó el espionaje gubernamental, mientras que Alejandra Lagunes, coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, una oficina de Presidencia, desconoció las prácticas de espionaje e incluso se dijo sorprendida a pesar de las evidencias sobre su uso.

“A la luz de las normas de derechos humanos y el marco jurídico que regula la vigilancia gubernamental en México, los casos de espionaje a periodistas, defensores de derechos humanos y activistas anticorrupción son absolutamente insostenibles jurídicamente. Por el contrario, los hallazgos de este reporte apuntan a la comisión de graves delitos y violaciones a derechos humanos. Debe, por tanto, llevarse a cabo una investigación exhaustiva, seria, imparcial y transparente sobre los hechos denunciados y castigarse a todos los responsables intelectuales y materiales”, explicó R3D en una publicación en su sitio web titulada “Gobierno Espía” (https://r3d.mx/2017/06/19/gobierno-espia/).

Hace unas semanas salió a la luz que NSO Group se ha puesto a la venta con un valor de mercado de 1,000 millones de dólares. Esto revela el potencial económico que tienen estas empresas para comercializar sus herramientas.

“Esto nos preocupa porque identifica el valor comercial de la empresa y quiere decir que siguen haciendo negocio, siguen vendiendo sus productos, no dudamos que estén evolucionando y haciendo herramientas cada vez más sofisticadas. En esta disparidad tecnológica en donde hay grupos muy pequeños, aunque son muy sofisticados, como son Citizen Lab, versus compañías multimillonarias, es muy difícil mantener este tipo de batallas o competencias”, dijo Casanueva.

NSO Group ha asegurado anteriormente que sus soluciones sólo las comercializa a gobiernos que cuentan con controles para evitar el abuso del espionaje y con garantías de los derechos humanos. Aun así, el Citizen Lab ha documentado el uso de Pegasus para el espionaje de Ahmed Mansoor, un defensor de los derechos humanos de los Emiratos Árabes Unidos.

“Como resultado, pensamos que hay evidencia de un principio de mal uso informal para el software espía exclusivo del gobierno: cuando la tecnología se vende a un gobierno sin una supervisión suficiente, eventualmente será mal utilizada. Este principio destaca la necesidad de responsabilizar a los fabricantes de spyware por sus contribuciones a la ciberseguridad mundial”, expresó el Citizen Lab.

La publicación del informe coincide además con la reunión de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En un escenario optimista, los defensores de los derechos humanos esperan que se haga un eco sobre la violación sistemática a los derechos humanos en México, incluyendo el espionaje ejercido por el gobierno mexicano: “Ojalá haya varios ecos, pero no podría hacer ninguna conjetura”, dijo Casanueva.

julio.sanchez@eleconomista.mx

(El Economista)

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