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PRI y Morena se acusan de todo en la Constituyente

PRI y Morena se acusan de todo en la Constituyente

CIUDAD DE MÉXICO, 10 de enero, (JUAN R. HERNÁNDEZ / CÍRCULO DIGITAL).—A poco menos de 21 días para entregar la primera Constitución Política de la Ciudad de México, los grupos parlamentarios del PRI y Morena se enfrascaron en una guerra de acusaciones en donde se culparon mutuamente de intentar frenar la Carta Magna local.

El coordinador parlamentario de Morena en la Asamblea Constituyente, Bernardo Bátiz, afirmó que no permitirán que el PRI, un partido que tuvo “una votación menor e insignificante venga a sentirse dueño de la situación al encabezar el rechazo” y pretenda imponer sus condiciones en la Constitución capitalina.

Afirmó que en caso de lograrse una Carta Magna de avanzada que contenga las garantías mínimas en derechos humanos, levantarán la voz, porque no van a ser “cómplices de normas que den pie a que continúe la actual situación autoritaria de la capital”, además de que no callarán ante la posible “reencarnación del Pacto por México en el Constituyente”.

Necesitamos una Constitución de avanzada que sirva para defender los derechos de las personas. Los capitalinos deben ser quienes tengan la última palabra. La Constitución debe ser un avance y no un estancamiento de prácticas autoritarias y de corrupción, y no permitiremos retrocesos en derechos humanos”, enfatizó.

Al respecto, César Camacho Quiroz, coordinador de los diputados del PRI deslindó a su partido de estar detrás de cualquier intentona de frenar la Constitución CDMX y negó aplicar prácticas dilatorias como modo de presión.

“Venimos a la Asamblea Constituyente, no con posiciones partidarias y menos en busca de un dividendo político electoral; venimos con absoluto sentido de responsabilidad, sabiendo que a quienes tenemos que servir con eficacia es a los capitalinos de esta gran ciudad de México”, remarcó.

En conferencia de medios, Camacho Quiroz resaltó que la postura del PRI ha sido clara en cuanto a la defensa de los derechos de los capitalinos, y un ejemplo de ello ha sido que durante su labor tanto en comisiones y el pleno, los diputados constituyentes han hecho de 10 artículos, de los 14 abordados hasta ahora en el pleno, y añadió que de los 168 numerales de la Carta Magna local que se han discutido hasta ahora, ellos apoyaron con su voto 158.

Al cuestionárseles sobre el trabajo en comisiones y de la lentitud del trabajo legislativo, el líder del PRI destacó que hasta el momento, su partido había presentado sólo una reserva, mientras que el PRD y Morena han sido los partidos que han presentado el mayor número de reservas de modificación a los artículos y numerales que ya habían sido aprobados.

“Nosotros seguiremos ejerciendo nuestros derecho a disentir y espero que el PRD y Morena muestren tolerancia y disposición al diálogo para que pueda salir adelante esa norma máxima en esta capital”, finalizó.

 

Aprueban Artículo 15

Después de 8 horas de discusión, con 66 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención, se aprobó en lo particular el Artículo 15 relativo a la Ciudad Productiva a excepción del Apartado B numeral 13 relativo al tema del fondo de pensiones y ahorro para trabajadores no asalariados, fue regresado a la Comisión de Carta de Derechos para emitir un nuevo dictamen.

El artículo 15 aborda los temas de protección a los derechos de personas trabajadoras domésticas y cuidadoras de enfermos, se establecerán programas contra trabajo infantil, esclavo y forzado, y prevenir la discriminación laboral.

Asimismo, se establecerán zonas especiales para el comercio ambulante, se buscará conciliar el trabajo y la familia, mediante la movilidad geográfica para acercar el centro de empleo y el domicilio del trabajador.

El artículo 15 establece el derecho al desarrollo sustentable y derecho al trabajo en la capital, establece además las disposiciones para las relaciones de las instituciones públicas capitalinas con sus trabajadores.

El artículo aprobado señala en el apartado A que en la ciudad toda persona tiene derecho a participar en el desarrollo económico, social, cultural y político para ejercer a plenitud sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Son diversos los temas contemplados en el apartado B, entre ellos, el reconocimiento y tutela del derecho humano al trabajo, el respeto a éste en todas las políticas públicas y en la estrategia de desarrollo local y el goce de los derechos humanos en materia laboral reconocidos por la Constitución federal, tratados e instrumentos internacionales para los habitantes de la ciudad.

El artículo 15 señala además que las autoridades de la capital habrán de promover la igualdad sustantiva en el trabajo y salario, y la generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los ingresos reales y el incremento de empleos formales.

Se aprobaron también programas para erradicar el trabajo infantil, esclavo y forzado, así como la discriminación laboral.

Se incluye un numeral para la implementación de programas que protejan con efectividad los derechos de las personas trabajadoras domésticas y cuidadores de enfermos a través de la firma de contratos con los empleadores y el acceso a la seguridad social presentada por el Partido Encuentro Social. Ambas labores se reconocen en la Constitución como generadoras de bienes y servicios para la producción y reproducción social.

Derecho de Asociación Sindical

Quedó instituida en el artículo la salvaguarda de las autoridades capitalinas al derecho de asociación sindical de trabajadores y empleadores, así como la protección contra cualquier acto de discriminación que menoscabe la libertad sindical y para la participación en la firma y terminación de los contratos colectivos; además, las autoridades velarán por el respeto a la democracia sindical, para elegir a sus representantes sindicales mediante el voto personal, libre y secreto.

En este sentido, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Cecilia Romero, señaló que la autoridad debe respetar a la asociación sindical, dejarla ser y crecer, lo cual redundará en mejores condiciones de vida para los trabajadores.

Quedaron comprendidas las garantías del derecho al acceso a la información pública en materia laboral y de impartición de justicia laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, con servicios de conciliación y mediación. A propuesta del diputado José Andrés Millán Arroyo, del Partido Encuentro Social, se incluyó que la justicia debe ser pública y gratuita.

Por otra parte, en este articulado se establece que se dará impulso a la conformación y funcionamiento de cooperativas de trabajadores y otras formas de organización productiva del sector social de la economía.

Trabajo No Asalariado en la CDMX

A propuesta del constituyente del Partido Nueva Alianza (Panal), Gabriel Quadri, se hicieron modificaciones al apartado B, numeral 12 relacionado con los trabajadores no asalariados, para incluir a los artesanos en esta categoría. Quedó de la siguiente manera siguiente:

“Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por cuenta propia que producen bienes y artesanías y comerciantes tienen derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir capacitación y las demás que establezca la legislación en la materia”.  Su propuesta fue aprobada por 70 votos en favor, nueve en contra y una abstención.

Con una reserva de la diputada de Morena, Patricia Ruiz Anchondo, se realizó una adición al numeral 12 para que las autoridades garanticen que los locatarios de los mercados públicos gocen de condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Se señala que conservarán sus derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que los trabajadores no asalariados.

Se presentaron diversas reservas para modificar el numeral 13 del apartado B relativo al fondo de pensiones de las personas no asalariadas. El dictamen proponía que este fondo fuera para pensiones y ahorro de los no asalariados, con aportaciones de los beneficiarios.

 

Protección de los Campesinos y Productores Rurales

A propuesta del diputado del Ejecutivo Federal Augusto Gómez Villanueva, se añadió un apartado D denominado “De los campesinos y pequeños propietarios rurales” para establecer que la Ciudad de México tutela los derechos de toda persona campesina y todo propietario rural y  promueve su participación en la adopción de políticas para el desarrollo de sus actividades, con pleno respeto a la propiedad social y a la propiedad privada.

Se aprobó que las autoridades de la ciudad adoptarán las medidas necesarias para salvaguardar el ejercicio de las libertades de estos grupos de población, en la determinación de las formas y modalidades de producción, comercialización y distribución, con el objetivo de lograr el bienestar de la población campesina.

De manera adicional, las autoridades de la ciudad estimularan y apoyaran los cultivos agropecuarios tradicionales, la organización familiar y cooperativa de producción y su transformación agroindustrial, así como las actividades en las que participen para realizar el aprovechamiento racional y tecnificado de las reservas forestales y de la zona lacustre, en términos de la legislación aplicable y los compromisos internacionales asumidos por el Estado mexicano.

El segundo apartado que se adicionó, a propuesta del doctor Hugo Eric Flores a nombre del grupo parlamentario Partido Encuentro Social, tiene el propósito de promover la inversión social productiva, para lo cual el gobierno de la Ciudad de México establecerá programas y designará presupuesto para el fomento al impulso de las actividades económicas tendientes al desarrollo económico, social y el empleo en la ciudad.

“Las autoridades contribuirán a la generación de un entorno favorable a la innovación productiva, a la creación de nuevas empresas, el desarrollo y crecimiento de las empresas de reciente creación, así como a las ya existentes que propicien de manera dinámica, integral y permanente el bienestar económico y social de la ciudad”, señaló el líder de Encuentro Social.

 

Aprobado, en lo general, Artículo 16

Aprobado, en lo general, el artículo 16, denominado Ciudad incluyente, que se refiere a los grupos de atención prioritaria y las disposiciones comunes para el pleno ejercicio de sus derechos.

En contra del artículo se manifestaron Clara Jusidman, del grupo parlamentario Constitucionalista y Hugo Eric Flores, del PES. La primera manifestó su desacuerdo por el cambio de enfoque plasmado en el dictamen, pues no se establece que los diferentes grupos poblacionales son sujetos de derechos, como señalaba el proyecto original de Constitución. “No se trata de grupos vulnerables sino vulnerabilizados y se debería reflejar el compromiso de las autoridades con estos grupos”.

Por su parte, el doctor Flores Cervantes señaló que es necesario contemplar un nuevo apartado para reconocer a las minorías religiosas, no como sujetos de acción afirmativa, sino simplemente sujetos de derechos en la ley.

 

PAN, pionero en el combate a la discriminación en la CDMX

El Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional se pronunció a favor del artículo 16 de la Constitución de la Ciudad de México al considerar que es consistente con la filosofía de este instituto político y su preocupación por la desigualdad.

Mauricio Tabe Echartea, Diputado Constituyente de Acción Nacional, señaló que este artículo atiende el mandato de los principios de este partido para corregir las condiciones de desigualdad que se generan en ciertos grupos de población.

“Se plantea la visión de la ciudad como una visión en donde se garanticen los derechos de las personas, en donde se reconozcan como titulares de derechos y en donde se reconoce a ciertos grupos de población como grupos que padecen condiciones que los hacen vulnerables”, enfatizó.

Tabe Echartea aseguró que dicho artículo hace visible a los grupos de población y define con precisión a las mujeres, niños, jóvenes, adultos mayores, lesbianas, gays, transexuales, bisexuales, transgénero, travestis e intersexuales, así como a migrantes y a víctimas de delitos y a las personas privadas de su libertad o las que residen en instituciones de asistencia social.

Para corregir estas desigualdades, aseguró, no basta con una visión asistencialista del gobierno, pues se requiere una intervención en todos los ámbitos del poder público.

Dijo que con las acciones de gobierno del PAN se explica su lucha histórica para contribuir a la igualdad entre hombres y mujeres, por ejemplo, con la publicación durante el sexenio de Vicente Fox, de la Ley General de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Aseguró que el PAN fue pionero en la lucha contra la discriminación en la capital y en el país.

“Ha sido el PAN un partido que a lo largo de su historia ha luchado de manera consistente por combatir aquellas barreras y condiciones que generan desigualdad, maltrato, abuso y que ponen en riesgo el ejercicio de los derechos y las libertades de las personas”, dijo.

 

Éste martes sesiona Carta de Derechos

Con el tiempo en contra, los integrantes de la comisión de Carta de Derechos sesionarán este martes a las 9:00 horas en las Instalaciones de Minería para sacar adelante apartados A,C, D y F que no lograron la mayoría calificada y fueron regresados para un nuevo dictamen.

El apartado A (Derecho a la vida digna), se proponía la aplicación de un ingreso básico universal por ser ciudadano de la capital. Dicha propuesta desató un gran debate entre las fracciones parlamentaria que derivó en acusaciones entre PRI, PAN, Morena y PRD de tortuguismo y prácticas leguleyas para detener los avances en la legislación.

En el caso del apartado C (Derecho a la alimentación y a la nutrición),  se proponía que en la ciudad se garantizara el abasto a través de un organismo público que implemente políticas públicas.

Otro de los temas debatidos fuertemente, fue el derecho a una muerte digna propuesta por el perredista Jesús Ortega, apartado D, numeral 6 (Derecho a la Salud), en el cual se habla de consentir el terminar de manera anticipada su vida en caso de padecer alguna enfermedad o sea declarado en desahucio.

Finalmente, apartado F, numeral 3 (Derecho al agua y a su saneamiento), se frenó el intento de incorporar la intervención de la iniciativa privada en la gestión del líquido en la Ciudad de México.

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