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Se comprometen diputados a incluir propuestas de diversos sectores en nueva Ley General de Aguas

Se comprometen diputados a incluir propuestas de diversos sectores en nueva Ley General de Aguas

CIUDAD DE MÉXICO, 27 de febrero, (ATIZAPÁN HOY/CÍRCULO DIGITAL).—  Las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento y de Recursos Hidráulicos se reunieron con integrantes de la Cámara Minera de México, a fin de conocer las propuestas del sector para la elaboración de la nueva Ley General de Aguas.

Los diputados expresaron su compromiso para analizar e incluir todas las proposiciones de los industriales, diseñar el marco legal que atienda sus necesidades, mejorar conceptos y establecer reglas claras, con el propósito de atraer inversiones.

El legislador José Antonio Arévalo González (PVEM), presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, afirmó que el trabajo parlamentario para definir la nueva Ley General de Aguas se realiza de una manera muy responsable, porque “queremos que realmente cumpla y satisfaga las necesidades de los sectores empresariales y de la población”.

“Tengan la certeza de que vamos a hacer un buen trabajo con la ayuda de todos para que sea una nueva ley que satisfaga todas las inquietudes”, garantizó.

Los ejes en los que se funda este marco normativo son dar certeza jurídica, cuidar el medio ambiente, delimitar las atribuciones de la Federación, estados y municipios, cumplir con el derecho humano al agua y tomar en cuenta a todos los núcleos del país, para “contribuir a que las cosas se hagan de manera ordenada y mejor”.

Se contempla también, la importancia de evaluar el uso de aguas tratadas y platicar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la deducción inmediata de impuestos, a fin de “tener conocimiento de cuántas inversiones nacionales y extranjeras deja de captar el país por la tardanza en deducir esos impuestos a estas empresas”.

Refirió la apertura de las comisiones unidas de la Cámara de Diputados para recibir todas las propuestas y evaluarlas, a fin de incluirlas y coadyuvar a mejorar la distribución del recurso hídrico “sin imponer nada”.

El diputado del PAN, Pedro Garza Treviño, secretario de la Comisión de Agua Potable y Saneamiento, manifestó su convicción de que se modifique el sistema para renovar títulos de aprovechamiento y establecer refrendos, porque se requiere permanencia para que operen.

Consideró oportuno que la Comisión de Hacienda y Crédito Público participe en el proceso de análisis del nuevo marco jurídico para evaluar el esquema impositivo y la devolución de impuestos, en la Ley de Derechos, con el objetivo de que se otorguen estímulos fiscales al sector minero.

Señaló la necesidad de analizar los 154 proyectos que están en peligro de no realizarse, identificar cuáles son y qué puede hacerse para atraer inversiones, porque hoy más que nunca necesitamos de esos capitales dado que habrá más mano de obra en el país con la estrategia migratoria de Donald Trump.

Se pronunció por facilitar el uso de agua tratada y establecerlo como un incentivo en el nuevo marco legal, que no quede a criterio de un funcionario en turno, sino de la autoridad superior con base en un estudio. Comentó que el “fracking” no debería existir, porque los resultados “han sido suicidas y no se observan beneficios”.

Por el PAN, la diputada Nadia Haydee Vega Olivas refirió la apertura de los legisladores para analizar las proposiciones de los diferentes sectores, como el uso y preservación del agua. Se tiene muy claro que el mayor consumo del recurso se realiza en la industria y el campo. La meta es “conciliar con la ciudadanía y los sectores productores para dar certeza”

Del PRD, el diputado Francisco Xavier Nava Palacios celebró que los legisladores ya tengan una plataforma de temas para avanzar en la construcción de la nueva ley, enriquecida con las proposiciones presentadas por los sectores.

Solicitó “acomodar las propuestas para que nadie quede excluido”, y expresó su inquietud sobre la factibilidad de usar agua tratada en el cien por ciento de los procesos mineros a cambio de incentivos, así como la necesidad de cambiar el régimen de concesiones para dar certeza jurídica a través de la ampliación de los tiempos.

La diputada Susana Corella Platt, PRI, presidenta de la Comisión Especial de Minería, destacó la importancia de incentivar a este sector, ya que propicia el desarrollo municipal y sus actividades dan vida a esas comunidades, abriendo oportunidades económicas y sociales. Pidió analizar muy bien los incentivos que pueden establecerse en la nueva Ley General de Aguas a las empresas.

Por el PVEM, el legislador José De Jesús Galindo Rosas expresó su preocupación por que las mineras no respeten el desarrollo sustentable en sus actividades productivas, y pidió corregir la tendencia. Comentó que en Sinaloa existe mucha inversión en este sector, pero existe la percepción de que dichas empresas actúan fuera de la norma, porque contaminan ríos por el vertimiento de los “jales” (apilamientos de rocas molidas que quedan después de la extracción).

El legislador panista, Wenceslao Martínez Santos, indicó que en varios estados como Baja California, el tema del agua se complica por su escasez, debe garantizarse el abasto a las comunidades y a la vez desarrollar la minería. Expresó inquietud por la participación empresarial en la revisión de los daños colaterales para mejorar el ambiente en los municipios.

 

Deducción inmediata del 100 por ciento de los gastos de explotación: Camimex

 

Sergio Almazán Esqueda, director general de la Cámara Minera de México (Camimex), que aglutina a las más importantes compañías proveedoras del 90 por ciento del valor de la producción, presentó la situación actual del sector y su prospectiva, en el marco de una nueva Ley General de Aguas.

Los mayores retos de la minería mexicana son tener una política a largo plazo, acceso a la tierra, mayor comunicación, menor inseguridad y relaciones comunitarias. Aseguró que las mineras siempre han tenido responsabilidad social.

Para evitar la pérdida de competitividad, solicitó una deducción inmediata del cien por ciento de los gastos de exploración para atraer inversiones al país.

Señaló la disposición de las compañías a reciclar el agua que utilizan, así como usar agua tratada, por la conveniencia económica y cuidado del medio ambiente.

La minería, dijo, da empleo a más de 2 millones de mexicanos, representa el 3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y el 8.9 por ciento del PIB industrial; genera divisas y desarrolla infraestructura en zonas remotas, y antes de operar, y cumplen con 32 diferentes leyes y nueve Normas Oficiales Mexicanas.

Christopher Ávila, presidente de la Comisión de Relaciones Gubernamentales de la Camimex, pidió incentivar un uso eficiente del agua, que es de segunda mano, por lo que se debe evaluar la alternativa de construir más plantas tratadoras.

Consideró factible que se ofrezcan a título gratuito aguas contaminantes, con lo que las empresas liberarían agua fresca para otro uso. Propuso crear un mercado de aprovechamiento de distintos tipos de aguas; pidió clarificar los requisitos de las solicitudes de suspensiones de caducidad, a fin de evitar discrecionalidad en este tipo de trámites y dar más certidumbre.

Además, que se incluyan conceptos claros en las condiciones particulares de descarga, aguas de primer uso y su aprovechamiento, explotación, materiales pétreos y sus usos. Externó su preocupación por la pretensión de reducir hasta en diez por ciento el volumen concesionado en las transmisiones de acuíferos deficitarios, para proteger y recuperar los cuerpos de agua y solicitó reducir la discrecionalidad.

También destacó la necesidad de definir el trasvase directo e indirecto, porque sólo se menciona que debe ser excepcional, cuando es común que los minerales se encuentren en estrés hídrico, disposición que podría afectar al sector, ya que cada vez es más difícil calcular los volúmenes de agua requeridos para operar. Se busca la maximización y respeto al medio ambiente, apuntó.

Mencionó que en la propuesta para otorgar concesiones en zona federal, se reduzcan de 20 a un año, y advirtió que podría provocar incertidumbre por el exceso de trámites, ya que al obligar que cada 6 meses se soliciten prórrogas, dificultarían las operaciones.

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