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Escala al Congreso iniciativa capitalina sobre violencia política de género

Escala al Congreso iniciativa capitalina sobre violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO, 09 de marzo, (RUTH MUÑIZ / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- Llevaba al menos un par de años atorada en el Congreso Federal, pero tras la participación de legisladoras federales en la Asamblea Constituyente de la CDMX, el tema de la violencia política de género, resurgió.

Tanto a nivel federal como local, las leyes de armonización con la Constitución capitalina respecto a este tema están comenzando a cabildearse.

A nivel local, esta semana, la diputada constituyente y externa por el PRD, Lol Kin Castañeda, anunció que ya se trabaja con la Asamblea Legislativa para que, en el siguiente periodo ordinario de sesiones, que arranca el 15 de marzo, pueda generarse el paquete de leyes secundarias.

Y hoy, un grupo de Senadoras, entre ellas las diputadas constituyentes del PRI, Lucero Saldaña y Yolanda Valdés, presentaron una iniciativa que busca justo erradicar la violencia política de género, que en el pasado permitió que se diera el caso de las políticas conocidas como “Juanitas”, mujeres que son usadas por hombres para cumplir una cuota de género y luego ser bajadas del cargo para que lo ocupe un hombre.

Diva Hadamira Gastélum, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género en el Senado, refirió que este proyecto lleva más de cuatro años gestándose, desde febrero de 2013.

Entre las leyes generales a reformar están la de acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la de Partidos Políticos, la de Instituciones y Procedimientos Electorales, la del Sistema de Medios de Impugnación y la General en Materia de Delitos Electorales.

En la carta magna capitalina el tema quedó asentado en el artículo 27 como una causa de nulidad.

“Sin perjuicio de las causales específicas que prevea la ley de la materia, será nula la elección o el proceso de participación ciudadana en el que se acredite la existencia de violencia política de género e irregularidades graves durante las diversas etapas del proceso electoral que violenten los principios previstos en esta Constitución, incluyendo la compra o coacción del voto, el empleo de programas gubernamentales o acciones institucionales extraordinarias, el desvío de recursos públicos con fines electorales, la compra o adjudicación de tiempos en radio y televisión, el rebase de topes de gastos de campaña y la violencia política”, señala el numeral 2.

 

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