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La ley debe servir en la construcción de políticas públicas para prevenir feminicidios

La ley debe servir en la construcción de políticas públicas para prevenir feminicidios

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo, (MENSAJE POLÍTICO/CÍRCULO DIGITAL).—La presidenta de la Comisión de Gobernación en el Senado de la República, Cristina Díaz Salazar y la senadora independiente Martha Tagle Martínez, se pronunciaron porque se fortalezca la legislación de prevención de violencia contra las mujeres, además, ésta debe servir en la construcción de políticas públicas de prevención de feminicidios.

 

Durante la presentación del libro “Feminicidio en México”, de Patricia Olamendi, quien junto con especialistas en el tema, alertaron que siguen en aumento las agresiones y asesinatos de mujeres en el país, lo cual se pone en evidencia en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), que señalan que seis de cada 10 mujeres son sometidas a violencia, y siete víctimas de feminicidio.

 

Tagle Martínez, convocante del evento, refirió que desde el Senado se ha emprendido un trabajo con organizaciones especializadas en la violencia de género.

 

El objetivo, agregó, es conformar estrategias para erradicar la violencia contra las mujeres, basadas en una sólida legislación, que sea la base para la construcción de políticas públicas que realmente permitan revertir los delitos derivados del odio hacia las mujeres.

 

Según las últimas cifras por el INEGI, en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar (ENDIREH), 62.7 por ciento de las mujeres de 15 años o más han padecido por lo menos un incidente de violencia; con respecto a las mujeres casadas o unidas que vivieron un evento de violencia, solamente denunció el 9.5 por ciento, lo cual pone en evidencia la desconfianza en las instituciones públicas y la influencia de los patrones culturales, sostuvo.

 

La senadora del Grupo Parlamentario del PRI, Cristina Díaz, advirtió -por su parte- que los feminicidios son resultado de una cadena de violencia arraigada en la sociedad, “por una falta de respuesta preventiva por parte de las instituciones del Estado, la ausencia de   legislación o la incapacidad de hacer efectiva la legislación vigente”.

 

“La tipificación del feminicidio ha   sido un paso importante, pero debemos hacer énfasis en que sólo acompañado de acciones y políticas públicas enfocadas en la prevención y en protección a las mujeres que son víctimas   de violencia, podremos generar un cambio real y salvar miles de vidas. Esto debe ser una política de Estado y no políticas aisladas”, concluyó.

 

En su libro, Patricia Olamendi refiere que las estadísticas y la correcta aplicación de las estrategias para el combate al fenómeno del feminicidio, permitirían “elaborar diagnósticos dirigidos a generar las políticas públicas adecuadas para la prevención de este delito”.

 

Lo anterior implica la necesidad de homologar las legislaciones estatales y la eliminación de costumbres en municipios, para poder hacer un efectivo combate a la violencia de género, pues en la actualidad, el abuso sexual, por ejemplo, no se considera aún en la legislación como un delito que atenta contra la integridad personal y el derecho a una vida libre de violencia.

 

De ahí que este delito, al no ser considerado como un delito grave,  se sancione con un mes y hasta cinco años de prisión y el agresor será sometido a penas privativas de la libertad de acuerdo a nuestro nuevo sistema penal acusatorio.

 

En México, el delito de feminicidio está tipificado en el artículo 325 del Código Penal Federal; sin embargo, no existen circunstancias agravantes, pues se cataloga como variante del “homicidio calificado”. Las sanciones penales se le impondrán de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días de multa.

 

En la presentación del libro también participaron las especialistas Wendy Figueroa Rodríguez, de la Red Nacional de Refugios; Martha Patricia Patiño Fierro y Elisa Alanís Zurutuza.

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