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Proponen senadores estímulos fiscales a quien contrate mexicanos deportados

Proponen senadores estímulos fiscales a quien contrate mexicanos deportados

CIUDAD DE MÉXICO, 13 de marzo, (FRANCISCO MONTAÑO / MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).—La senadora por el PRD, Luz María Beristaín Navarrete en conjunto con nueve senadores, preocupados ante la amenaza de las deportaciones masivas de los connacionales por parte del gobierno de Estados Unidos, presentaron una iniciativa con proyecto de decreto para incentivar el empleo de los mexicanos deportados en estado de vulnerabilidad a través de un estímulo fiscal para patrones, en la cual se adiciona un capítulo XII a la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Esta iniciativa busca incentivar la contratación de mexicanos deportados a través de un estímulo fiscal para patrones, y ofrecer a los connacionales deportados, herramientas de apoyo para la obtención de empleo y mejorar, en lo posible, su situación de vida.

La iniciativa consiste en un estímulo fiscal para patrones a través de la obtención de un crédito fiscal del 10% sobre el salario de los trabajadores deportados. Dicho monto se irá reduciendo cada año en un 2%; es decir en el año dos será de un 8%; en año tres, del 6%; en el cuarto, del 4%; hasta llegar al año quinto, en el que permanecerá en un 2%.

Este estímulo sólo aplicará para trabajadores deportados que se encuentren en estado de vulnerabilidad, bajo un requisito consistente de haber permanecido de manera ininterrumpida en otro país por cinco años.

Asimismo, el monto del estímulo fiscal únicamente será aplicable tratándose de trabajadores que perciban hasta 15 veces el salario mínimo general vigente.

Los senadores suscritos a ésta iniciativa son: Luz María Beristaín Navarrete, Armando Ríos Piter, Ángel Benjamín Robles Montoya, José Marco Antonio Olvera Acevedo, Jesús Casillas Romero, Yolanda de la Torre Valdez, Marcela Guerra Castillo, Blanca María del Socorro Alcalá Ruiz y Lorena Cuéllar Cisneros.

El motivo de la elaboración de esta iniciativa, parte de que el pasado 21 de febrero del 2017, la administración de Donald Trump hizo públicos los memorandos que dan carta de naturaleza a la detención y deportación de inmigrantes indocumentados, lo que ha dado inicio una intensa persecución a migrantes mexicanos, así como centro y sudamericanos.

En los memorandos publicados se autoriza a los agentes migratorios deportar a ciudadanos de terceras naciones al país contiguo o desde el cual cruzó la frontera; es decir, aquellos ciudadanos que no sean de origen mexicano, pero que hayan ingresado desde México, también serán retornados de forma expedita.

Con la visión de apoyar a nuestros connacionales con soluciones para afrontar esta histórica situación, así como minimizar una posible crisis humanitaria, a partir de cifras como la deportación de 11 mil 328 mexicanos del 1ero al 26 de febrero del año en curso y la posible deportación de a 11 millones de mexicanos “no autorizados”, más migrantes de otras nacionalidades a nuestro país; los senadores arriba mencionados, decidieron suscribir esta iniciativa con la senadora Luz María Beristain, quien continuará presentando diversas iniciativas que coadyuven a mitigar la problemática migratoria que ya estamos enfrentando.

Como dato adicional, se destaca que la población de origen mexicano en Estados Unidos, es de aproximadamente 35.5 millones y genera el 8% del Producto Interno Bruto (PIB) de ese país y que los migrantes de origen mexicano poseen 570 mil empresas, es decir, una de cada 25 en el país, de forma paralela, datos tomados de la máxima agencia de investigación de Estados Unidos (FBI), arrojan que: 18 de cada 100 crímenes son cometidos por hispanos, una muestra más de que el rumbo de la actual política migratoria de la Unión Americana, está equivocada.

A pesar de esto, el presidente Trump ha endurecido cada vez más las deportaciones de mexicanos, llevando a la práctica, a través de las nuevas normas, el discurso incendiario que utilizó durante su campaña electoral, ampliando la definición de “estadounidenses víctimas de inmigrantes”, “extranjeros criminales” y “migrantes no autorizados” que desprecian el “estado de derecho y representan una amenaza” para los Estados Unidos.

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