Avanzan trabajos para nueva política salarial, afirma Navarrete Prida

CIUDAD DE MÉXICO, 31 de marzo, (ESFERA EMPRESARIAL / CÍRCULO DIGITAL).–Preservar la planta laboral, aumentar la formalidad del empleo, conservar variables económicas sanas y una nueva unidad de medida que sustituya al salario mínimo como referente, son componentes indispensables para avanzar en la nueva política salarial del país, afirmó el secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida.

Al presentar las conclusiones preliminares de los trabajos que realiza la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) y la Comisión Consultiva para la Recuperación Gradual y Sostenida del Salario, dijo que será el próximo 23 de junio cuando se presenten los resultados finales.

Adelantó que los seis estudios que se han hecho sobre el tema coinciden en que este mismo año se podrá diseñar la nueva política para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios, tema prioritario en el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Agregó que en esos análisis rigurosos, los especialistas participantes provenientes de los sectores académicos, público y privado y de organismos internacionales más reconocidos, establecen que hay tres prioridades para generar la revisión de los salarios y el establecimiento de reglas claras para la fijación de los montos.

En primera instancia, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) dijo que todos coinciden en que los aumentos a los salarios mínimos debe ser por consenso tripartito (empleadores, trabajadores y autoridades) y que no se pueden decretar incrementos de manera unilateral.

Asimismo, sostuvo que los especialistas destacan que la fijación de los salarios mínimos debe ser sensible a los costos de vida de los trabajadores como elementos de justicia social, partiendo de la canasta básica de satisfactores.

Como tercer prioridad, agregó, los estudios confirman que esos aumentos deben darse de forma gradual, pues es un principio rector que deberá salvaguardar otras variables económicas y sociales como el nivel de precios y la sostenibilidad de las empresas, en especial micro y pequeñas.

Más adelante, Navarrete Prida comentó que en los distintos análisis que se han hecho sobre el tema han tenido un papel destacado como orientadores del debate las aportaciones del Banco de México en materia del “efecto faro” que tienen los incrementos a los salarios mínimos sobre el resto de la economía.

En este punto, explicó que la institución ha demostrado que el salario mínimo es aún un factor que regula y ancla el índice inflacionario y que un incremento de 21.7 por ciento propuesto por algunos sectores repercute 3.3 por ciento en la inflación, que sumados a los cerca de tres puntos que anualmente se tienen en ese renglón, darían un efecto negativo de espiral hacía arriba de hasta 6.0 por ciento.

El titular de la STPS acotó que por esta razón tanto el gobierno federal como los factores de la producción exhortan al Poder Legislativo para que acelere el proceso de fijación de la nueva unidad de medida que sustituya al salario mínimo como referente económico.

Navarrete Prida detalló que aún y cuando ya se concretó la reforma constitucional para desindexar el salario mínimo de otras contribuciones, falta la ley que establecerá la nueva unidad de medida, por lo que en este momento cualquier incremento a los salarios mínimos, conserva el “efecto faro” y es inflacionario.

El funcionario dijo que otro factor relevante para concretar una recuperación gradual y sostenida de los salarios es la formalización del empleo, pues está demostrado que cada trabajador que recibe seguridad social mínima, automáticamente entra en una mejor base de cotización y sus ingresos aumentan.

En este contexto, sostuvo que el gobierno federal se ha planteado como meta para 2016 reducir la informalidad al menos en un punto porcentual y sentar las bases para avanzar en la formalización en los siguientes años.

Para este propósito, subrayó, en breve el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, suscribirá un convenio con todos los gobiernos de los estados, a fin de establecer la estrategia nacional contra la informalidad y ha mandatado a la Secretaría del Trabajo para profundizar los programas de inspección y detectar y abatir la informalidad en los centros de trabajo.