¿Cero huelgas?

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Signos Vitales

El principal negociador del gobierno federal, Luis Enrique Miranda, está fuera de circulación. Por causas de fuerza mayor. La disidencia magisterial entró en el redil, lo que despresurizó este difícil trance. En el mapa de riesgos del gobierno federal están, con foco rojo, los problemas generados por el movimiento por la justicia social concitado por los jornaleros agrícolas del valle de San Quintín, y el conflicto obrero-patronal que padece el Grupo Azucarero México, en los ingenios de Tala y El Dorado.

La irrupción de los embozados-autodefensas que cantaron hostilidades en contra del candidato del PRI en Michoacán, José Ascención Orihuela Bárcenas, han merecido otra clasificación. Y otra atención, más vinculada a las tareas del CISEN, que encabeza el discretísimo y eficiente Eugenio Ímaz.

Con el respaldo de organizaciones sociales y del jefe del Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, los trabajadores de los campos agrícolas aledaños a Ensenada, Baja California, han conseguido sensibilizar a la opinión pública, pero no han ablandado a los empresarios. En un punto de inflexión, el subsecretario del Trabajo, Rafael Adrián Avante Juárez, ha empeñado su palabra para lograr que la demanda de aumento salarial de los campesinos migrantes —un salario mínimo de 200 pesos, más las prestaciones de ley— obtenga el rango legal.

La administración peñista está decidida a cumplir la meta de cero huelgas a lo largo del sexenio. El secretario Alfonso Navarrete Prida cumple con una agenda internacional —ahora mismo debe estar por regresar de una estancia en Buenos Aires—, lo que le impidió acompañar a su paisano, Emilio Chuayffet Chemor, en la firma del acuerdo laboral con el SNTE, que logró un incremento salarial por encima de la tasa de inflación, más una mejora en las prestaciones y la preservación de la carrera magisterial, que por obra y gracia de la reforma educativa, debería haber pasado a mejor historia.

Cero huelgas, por decreto. ¿Y los conflictos de naturaleza económica? Hay sendas demandas, interpuestas por los abogados de Juan Cortina hace tres meses. Esos asuntos quedaron en el limbo, ante el relevo ocurrido en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de la que salió Diódoro Siller Argüello, para dejar esa posición a Jorge Alberto Zorrilla Rodríguez.

La parte patronal, que ha insistido en la mediación tanto a las autoridades locales como a las federales, ha manifestado su imposibilidad para lidiar con la extorsión sindicial y solicitud de “cuotas”. Las autoridades locales, a través del secretario de Gobierno, Roberto López Lara, se han hecho saber que actualmente es imposible atender sus reclamos para recuperar el control del ingenio de Tala, ante la amenaza de los grupos criminales y la cercanía de las elecciones.

No habrá una huelga, ¿pero qué tal el cierre de esos ingenios? Tras esas promesas de conciliación incumplidas y la apatía de los funcionarios públicos para atender esos asuntos, de los que están enterados Zorrilla Rodríguez y el subsecretario Avante Juárez, es el escenario más probable.

Guillermo Martín Hernández Galindo, secretario general de Acuerdos, Conciliación y Asuntos Colectivos de la JFCA, ha desechado su intervención en este conflicto. Sus interlocutores ahora denuncian que su permanencia en ese cargo es irregular, pues fue cesado por instrucción del secretario Navarrete Prida en junio del 2014, ante acusaciones de corrupción. Pero su nombramiento está en firme y plenamente vigente desde febrero del 2015.

Efectos secundarios

ALERTAS. En la ofensiva por conquistar el poder municipal en Guadalajara y Zapopan, Movimiento Ciudadano habilitó “casas naranjas” en esas demarcaciones. El ayuntamiento de Zapopan, donde gobierna el priísta Héctor Vielma, ha reaccionado con la apertura de una indagatoria, para determinar la legalidad de esos predios. Y es que hay evidencia de que las obras se hicieron sin los permisos procedentes, de acuerdo con un certificado emitido por la Dirección de Catastro. En su defensa, la dirigencia local de Movimiento Ciudadano presentó un permiso de construcción asegurando que la ley en esa localidad no exige trámite de licencia para “edificaciones menores”. Las autoridades de Zapopan indican que ese informe se basa en un reglamento del 2008, y la demanda debe verse de acuerdo al reglamento actual, del 2015.

REMOTOS. A buen resguardo ante temas polémicos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, pasa este fin de semana en tierras sonorenses. Y desde el centro de telemetría construido por Telecomm en Hermosillo, junto con altos mandos militares y policiacos, dará seguimiento a la puesta en órbita del satélite Centenario, que despegará el próximo sábado 16 del cosmódromo de Baikonur.

¿EJEMPLARES? El “cerco sanitario” que impidió la propagación del ébola en México. La contención de versiones maliciosas sobre la masacre de Tlatlaya. Y el manejo de la información sobre la explosión en la torre de Pemex. Esos fueron los ejemplos de “manejo de crisis” exitosos, por parte de los voceros peñistas, presentados durante el cónclave de comunicadores sociales del gobierno federal, en el Tec de Monterrey. ¿Y los casos mal atendidos? De esos nadie quiso acordarse. Nadie tuvo opinión. ¿O nadie de los oyentes quiso opinar? Sólo un valiente refutó a los instructores del curso, los acusaron de haber convertido en lodo todo el capital político del candidato presidencial Enrique Peña Nieto y que los condenaron a la égida marianista: “La caca, al final, flota”. Lástima que los comunicadores del IMSS no estuvieron en la repartición de la USB que les habría permitido —según los maestros de los voceros— sortear la polémica por la vacunación en la región chamula. ¡Chale!

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