El Ejecutivo presentará una iniciativa de ley para erradicar la tortura

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de noviembre, ( CÍRCULO DIGITAL ).– El Ejecutivo federal presentará al Senado una iniciativa para conformar la ley general contra la tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, a fin de homologar la norma en todas las entidades federativas.

Esta propuesta también tendría como objetivo erradicar este delito violatorio de los derechos humanos y de las garantías individuales, se informó durante el Conversatorio sobre el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Convocado por la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña, en dicho foro especialistas, autoridades y representantes de organizaciones sociales también se pronunciaron a favor de fortalecer las acciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La senadora destacó que el objetivo del Senado, como Cámara impulsora de la nueva ley, es que haya una sola norma en materia de tortura en el país, pues actualmente “hay entidades que no lo tienen tipificado debidamente y en algunas ni siquiera existe el tipo penal”.

Se requiere revisar la legislación en la materia y tener claridad en las modificaciones legislativas necesarias para garantizar que el Estado de derecho funcione.

En ese sentido, la revisión de la ley contra la tortura tiene que ver con la revisión de las leyes de Ejecución Penal y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, expuso la legisladora del Partido de la revolución Democrática (PRD).

De la Peña Gómez advirtió que “la sociedad mexicana está harta de que digamos muchas cosas, pero concretemos pocas acciones para cambiarlas”, y de ahí la importancia de escuchar las voces de expertos, de la sociedad organizada y de las autoridades.

En ese contexto el titular de la Subprocuraduría de Derechos Humanos Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, anunció que en breve el Ejecutivo federal presentará una iniciativa.

La meta es establecer bases sólidas para contar con un mecanismo nacional más efectivo en la prevención y erradicación de la tortura.

La iniciativa que será puesta a consideración del Senado, genera un punto de coincidencia entre legisladores y representantes de organizaciones sociales: la necesidad no sólo reconfirmar compromisos internacionales en materia de derechos humanos, sino establecer los lineamientos para su cabal cumplimiento.

Por ello el anteproyecto incluye un capítulo específico con la regulación para garantizar de manera integral la prevención de los delitos de tortura, a través de un mecanismo nacional con el fin de que el ciclo de políticas públicas atienda la realidad cotidiana de la gente.

En cuanto a los centros de privación de la libertad, se prevé otorgar facultades al presidente de la CNDH para que invite de manera permanente a personas, instituciones o representantes de la sociedad civil, de la academia, organismos nacionales e internacionales, a visitar los sitios y participar en otras medidas de supervisión.

Betanzos Torres añadió que la Procuraduría General de la República (PGR) presentará ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, un anteproyecto de indicadores en materia de derechos humanos, el cual se elaboró también de la mano con la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas.

El propósito es instituir una evaluación de las políticas públicas, tanto en lo concerniente a su diseño, como para la operación.

“Ello implica el acceso -de autoridades de la CNDH y organizaciones sociales- a la información sobre el trato de las personas privadas de la libertad, condiciones de su detención, y establecer un acceso sin ningún tipo de restricción a los lugares de privación de libertad, así como el que puedan entrevistarse con las personas” que estén en ellos.

Estas y otras acciones tienen el fin de fortalecer el mecanismo de prevención de la tortura, tratos inhumanos y degradantes, así como empatar sanciones penales contra los responsables y aquellos que hayan tolerado la comisión de estos delitos, agregó el funcionario.

Al Conversatorio asistieron la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, senadora Adriana Dávila Fernández; la representante de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, Verónica Berber Calle.

También María Sirvent Bravo Ahuja, de la organización Documenta; el investigador Miguel Sarre Iguíniz, del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM); el director del Instituto para la Seguridad y la Democracia, Ernesto López Portillo Vargas.

Así como la tercera visitadora general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Ruth Villanueva Castilleja, y el presidente de la Defensoría de Derechos Humanos de Querétaro, Miguel Nava Alvarado.