Las culpas del Verde

Sin ambages, en la primera ronda del debate sobre la sanción que el Instituto Nacional Electoral impondría al Partido Verde por su desacato a la orden de retirar sus anuncios espectaculares, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña hizo una contrapropuesta a la iniciativa sustentada por la comisión de quejas: en vez de imponer otra multa y disminuir la ministración de prerrogativas, procedía la interrupción de la propaganda de los ecologistas en radio y televisión por 12 días.

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Signos Vitales

Sin ambages, en la primera ronda del debate sobre la sanción que el Instituto Nacional Electoral impondría al Partido Verde por su desacato a la orden de retirar sus anuncios espectaculares, el consejero José Roberto Ruiz Saldaña hizo una contrapropuesta a la iniciativa sustentada por la comisión de quejas: en vez de imponer otra multa y disminuir la ministración de prerrogativas, procedía la interrupción de la propaganda de los ecologistas en radio y televisión por 12 días.

La sobreexposición del “aliado incómodo” del PRI merecía, a criterio de la autoridad electoral, un castigo ejemplar. De las sanciones económicas, en una progresión, debía sacar a una tercera escala (el silencio de su pauta propagandística). ¿La última instancia? La pérdida del registro.

En el origen, hubo una “campaña sistemática para posicionar de manera ilegítima al PVEM”. Ante la orden de retirar sus anuncios espectaculares, actuaron por parsimonia. Los consejeros electorales, en voz de Ciro Murayama, establecieron que hubo dolo, desobediencia. El desacato verde es una “conducta de gravedad especial”.

La multa económica ascendía a 116 millones 860,000 pesos (50% de la ministración mensual de las prerrogativas). El retiro del aire sería más doloroso:

Una semana de suspensión por 108,861 spots. Y si procedía la propuesta del consejero Ruiz, aplicaría a partir del sábado 24. El silencio al PVEM se impondría por el resto de la campaña federal.

Pamela San Martín secundó la moción. Y con el consejero presidente, Lorenzo Cordova Vianello, sumaban cuatro votos. Eran necesarios seis para revocar el proyecto presentado por la consejera Adriana Favela.

Los representantes del PVEM no objetaban esos argumentos. Fue el priísta Jorge Carlos Ramírez Marín quien puso en duda la legitimidad del nuevo proyecto. ¿Su intención es imponer una sanción disuasiva o es afectar la campaña del PVEM que va coaligado al PRI?, cuestionó.

Retirar del aire al PVEM, insistió, sería una sanción inusitada y trascendente. Y afectaría el derecho a la libertad de expresión de 20 % de los candidatos de la coalición parcial que postularon ambas formaciones políticas en 250 distritos electorales.

El intercambio de descalificaciones entre el representante del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, y el senador panista Javier Corral Jurado -a quien incluso fustigó el representante pevemista, Jorge Herrera, por su “aliento embriagador”- marcó el tramo final del debate. “Ayuno de argumentos, recurre a las descalificaciones personales”, reclamó el legislador al ex funcionario peñista.

Unánime, la convicción de que la directiva del Verde había desacatado las resoluciones de la autoridad electoral, lo que estaba en juego era el tamaño del castigo. Un bloque minoritario perfilaba la imposición de una sanción económica, aunque rápidamente se descartó la propuesta original, por desproporcionada.

La discrepancia de criterios fue notoria. El consejero Benito Nacif propuso una multa por 69 millones de pesos. Algunos estimaron que 76 millones de pesos era lo idóneo. Hubo cinco propuestas distintas de sanción. El consejero Enrique Andrade apeló a la sanción más justa. Y fue entonces cuando la lógica de la cuantía menor se impuso… y el PVEM se salvó de quedar marginado de los medios electrónicos en la recta final de las campañas.

En función de las resoluciones dictadas para sancionar al PVEM y establecer el tope de financiamiento para los candidatos independientes, ocurrió una de las sesiones más intensas y esclarecedoras de la corta vida del Consejo General del INE. En la víspera, apareció en Youtube el intercambio telefónico entre Lorenzo Córdova, y el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, que evidenció los desplantes xenófobos del consejero presidente. En el entorno de la máxima autoridad electoral estaban ciertos de que esa filtración trató de incidir en la definición de su postura respecto de ambos asuntos.

Al final de la primera ronda de intervenciones, Córdova Vianello tomó postura. “El desacato de una medida cautelar”, definió, “es un conducta particularmente grave”. Y después de corregir a su compañero, Benito Nacif, respecto de la naturaleza de la causa, se pronunció por sacar los spots del PVEM de la pauta oficial.

EFECTOS SECUNDARIOS

AJUSTADOS. El ex gobernador de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Valdez, dejó el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para hacerse cargo de la oficialía mayor de la SEP. Ahora, el Ejecutivo federal deberá enviar una propuesta de relevo al Senado de la República, para su ratificación. Pero, ¿qué razones llevaron al administrador mexiquense Marco Antonio Abaid fuera del equipo de Emilio Chuayffet Chemor? ¿Por qué la SEP lleva tres funcionarios en esa área estratégica en menos de tres años? El SNSPP quedó temporalmente acéfalo y, mientras, ocurrió la primera sesión del pleno del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con la participación del presidente Enrique Peña Nieto, el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, el subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián y el titular de la CEAV, Jaime Rochín.

FRENTE COMÚN. Un grupo de organizaciones civiles lanzan mañana la acción ciudadana Frente a la Pobreza, para impulsar el debate y producir cambios en las políticas y también en la sociedad para reducir efectivamente la pobreza y la desigualdad. En el núcleo coordinador de esta nueva iniciativa cívica están Enrique Cárdenas, del Centro de Estudios Espinosa Yglesias; Edna Jaime, de México Evalúa y Rogelio Gómez-Hermosillo.

aam@mexico.com

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