¿Por qué Escobar?

Percepción Política

*Juan Manuel Magaña

¿Dónde está el truco en eso de que la Procuraduría General de la República solicitó a un juez federal una orden de aprehensión contra Arturo Escobar, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, lo que derivó en su separación del cargo?

El asunto da idea de cuán delictivo pudo ser el comportamiento de Escobar al orquestar la sistemática violación a la ley en que incurrió su partido, el Verde, durante las pasadas elecciones federales realizadas a mitad de este año. Pero el hecho es que esa petición de orden de aprehensión podría tener mucha malicia.

Hace unas semanas habíamos escrito que el gobierno se había echado la puntada de concederle una subsecretaría en Gobernación ni más ni menos que a la delincuencia electoral, organizada. Dijimos que tanta burla daba asco. Arturo Escobar, una de las cabezas del delincuencial Partido Verde, había sido puesto -háganme el favor- al frente de la Subsecretaría de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación.

Es un tipo que se la había pasado justificando cada una de las violaciones a las leyes electorales que su partido cometía durante la pasada elección federal, con lo cual el PRI al final pudo establecer en alianza y de manera flagrantemente ilegal una mayoría en la Cámara de Diputados.

El nombramiento hizo que organizaciones, asociaciones de la sociedad civil, académicos e investigadores manifestaran su preocupación por el nombramiento de dicho político. Hasta redactaron un documento en el que calificaron de inquietante el hecho de que la única propuesta conocida de Escobar en materia de combate a la inseguridad -formulada en 2008- fuera la de la pena de muerte para secuestradores.

Los firmantes del documento recordaron que las reiteradas violaciones a la legislación electoral por parte del Partido Verde, el de Escobar, mandaban “una pésima señal”, ya que la subsecretaría tiene entre sus objetivos promover la cultura de la legalidad.

El caso es que Escobar ha ostentado un cargo con una insoportablemente sospechosa ilegitimidad que no deja de dañar la credibilidad del gobierno y su bancada legislativa, la del PRI. Y como no se va a actuar contra un aliado -más bien un cómplice-, ello sugiere la necesidad que se tiene de lavar una imagen, pasarla por agua hirviendo. Algo similar a lo ocurrido con la Casa Blanca o con el proceso de Raúl Salinas o con el asesinato de Luis Donaldo Colosio o lo ocurrido en Ayotzinapa: llegar a una “verdad jurídica”, le guste o no a la opinión pública. “Verdad jurídica” o “verdad histórica”, caso cerrado.

Y así como la Secretaría de la Función Pública en el caso Casa Blanca, ahora el instrumento para el caso Escobar es la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que también ha tenido una vida contemplativa. Por eso sorprende tanto la relevancia de tan sospechoso protagonismo de la Fepade al determinar ejercer acción penal contra un asociado del gobierno.

Los especialistas en derecho critican que haya salido a la luz pública lo de la petición de la orden de aprehensión contra Escobar porque técnicamente ese hecho pone sobre aviso a un delincuente y le aconseja huir o ampararse de la justicia.

Ayer, Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, el único partido opositor en México, dijo que es una simulación la petición de orden de aprehensión que la PGR hizo contra Arturo Escobar por presuntos delitos electorales.

Puede ser: primero, porque, como AMLO infiere, se empina a alguien inferior para que lo condenable no llegue más arriba o a dónde deba llegar; segundo, para que un proceso supuestamente en toda regla lave la imagen del agarrado con los dedos en los masa.

*Juan Manuel Magaña