Piden a Asamblea Legislativa dar certidumbre jurídica a los habitantes capitalinos

CIUDAD DE MÉXICO, 24 de junio, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- La Asamblea Legislativa debe garantizar procedimientos legislativos adecuados que den certidumbre jurídica a todos los habitantes de la capital, consideró la diputada local del PRI, Dunia Ludlow.

Por ello, dijo, debe fundamentar y motivar jurídicamente las razones por las que publicó una nota aclaratoria para corregir el supuesto ‘error’ cometido en la promulgación de la Ley Electoral.

“La fundamentación y motivación jurídica de la nota aclaratoria no está sustentada en ningún articulado, si se cometió un error debe realizarse el procedimiento correcto, apoyado de un argumento jurídico, para corregirlo”, sostuvo.

La legisladora priista, agregó, que la forma en cómo se procesa la Ley Electoral podría dejar abierta la posibilidad para que el día de mañana, cualquier persona tenga herramientas para reclamar que los supuestos en los que se alega violencia política son inexistentes porque se construyeron a partir de un proceso legislativo inadecuado e ilegal.

Esto, subrayó, luego de que el pasado 21 de junio, la ALDF publicó una nota aclaratoria en la cual el concepto de “Violencia Política en Razón de Género” se modificó quedando solo como “Violencia política”; además de que se eliminó del Código Penal actos tipificados como violencia política.

Aclaró que durante la aprobación de la Ley Electoral presentó reservas al Artículo 4 del Código Electoral a fin de incluir el concepto aprobado para la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; así como reservas al artículo 351 del Código Penal para que se incluyeran los “actos de violencia política” considerados en la Ley de Acceso.

Pero como las reservas se presentaron en bloque junto con otros seis artículos, indicó, se generó confusión y fueron rechazadas. No obstante, añadió, se publicó el decreto como si hubieran sido aprobadas.

Destacó que hasta el momento ni la Comisión de Gobierno ni la Mesa Directiva de la ALDF, ni la Consejería Jurídica de la Ciudad de México han respondido si los supuestos establecidos en el Código Penal son válidos a pesar de que modificaron una ley promulgada y vigente mediante una nota aclaratoria sin fundamento jurídico alguno.