Plantea PAN expedir ley de la fiscalía general de la República

CIUDAD DE MÉXICO, 3 de abril, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).–Al presentar una iniciativa para expedir la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR) la senadora Pilar Ortega Martínez aseguró que hoy en día el sistema de procuración de justicia enfrenta una grave crisis de desconfianza y falta de credibilidad y la sociedad y la opinión pública consideran que las instituciones en la materia son ineficientes y con altos índices de corrupción.

Por ello, sostuvo que sin la autonomía del Ministerio Público no es posible contar con un aparato de justicia que realice sus funciones de conformidad con los criterios internacionales adoptados por México y que sus operadores se conduzcan con las reglas propias de un modelo penal en donde los derechos humanos del inculpado y de las víctimas, sean garantizados de manera eficaz.

En este sentido, añadió, resulta de vital importancia el papel que jugará la Fiscalía General a través de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, a fin de contar con una Fiscalía que permita a las instituciones recuperar la confianza y nos alejemos cada vez más de los altos niveles de impunidad que lesiona a los ciudadanos.

Destacó que la propuesta, que cuenta con el aval del grupo parlamentario del PAN,  plantea la autonomía de la Fiscalía, así como la creación de fiscalías especializadas, independientes y autónomas, en materia de combate a la corrupción, atención a los delitos electorales, delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas y de aquellos cometidos contra la libertad de expresión.

En la iniciativa, dijo, se destaca que en el marco de la reciente reforma política-electoral, se establecieron nuevas disposiciones constitucionales para transformar la Procuraduría General de la República en una Fiscalía General como un órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Hizo notar que el proyecto es resultado de las demandas ciudadanas para la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción, así como para darle autonomía e independencia a la actual Fiscalía Especializada para Atención de Delitos Electorales (Fepade).

Uno de los mandatos constitucionales que tenemos que cumplir en este periodo de sesiones es la construcción del paquete de reformas secundarias para que el Sistema Nacional Anticorrupción cobre vida, por lo que el establecimiento de uno de los pilares fundamentales de este sistema lo constituye el Fiscal Anticorrupción, explicó  Ortega Martínez.

De ahí –agregó– la importancia de dotar a esta Fiscalía de las herramientas necesarias para que pueda realizar su función de combate a la corrupción, así como establecer con claridad la naturaleza del Ministerio Público.

La propuesta del PAN define con claridad la organización de la Fiscalía General de la República, así como las atribuciones del Ministerio Público, y la actuación de la propia Fiscalía General y de su titular bajo principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez, respeto a los derechos humanos, lealtad, responsabilidad y transparencia.

Ortega Martínez expuso que se establece el proceso referente al nombramiento y las causas de remoción del Fiscal General de la República y se considera la creación de las fiscalías especializadas, entre las que destaca la de Delitos Electorales y la Anticorrupción, quienes tendrán independencia para decidir sobre su organización técnica y operativa para el óptimo ejercicio de sus facultades.

En este sentido, el proyecto de ley determina que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales será un órgano con independencia técnica y operativa para investigar, prevenir y perseguir delitos electorales en el ámbito de su competencia y contará con por lo menos siete unidades regionales distribuidas en el territorio nacional.

En cuanto al Servicio de Carrera de Procuración de Justicia, se propone que la Fiscalía cuente con perfiles de puesto altamente detallados y que ésta desarrolle programas de profesionalización continua.

Con relación a responsabilidades administrativas, se pretende que cualquier ciudadano, los servidores públicos adscritos a la Fiscalía General, así como cualquier servidor público que tenga conocimiento de posibles actos de corrupción, presenten la respectiva queja ante la Visitaduría de la Fiscalía General.

Por último, propone que del presupuesto que le sea asignado a la FGR se destinen porcentajes fijos a las Fiscalías Especializadas Anticorrupción y para la Atención de Delitos Electorales, de modo que lo ejerzan con autonomía e independencia.

La iniciativa se turnó a las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos.