Por Jesús Suárez/Especial-InsurgentePress/Ciudad de México.- Dolores Padierna Luna vice-coordinadora del PRD en el Senado de la República denunció que la ejecución de 22 civiles y desaparición forzada de 43 normalistas en los municipios de Tlatlaya e Iguala respectivamente, estarían ligadas al cártel de ‘Guerreros Unidos’ bajo la complicidad de mandos militares y policías.
La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), promovió un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para exhortar al procurador General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam a abrir una línea de investigación sobre la relación que existe en ambos hechos lamentables.
La PGR, dijo, debe agotar todas las líneas de investigación existentes, además, de revisar la información que ha sido publicada puntualmente por diversos medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil.
Ahora México, indicó, vive una grave crisis en materia de seguridad y de derechos humanos que ha tocado fondo debido a la errónea política de combate a la delincuencia y atención a problemas sociales.
“Los representantes del Estado debemos ser sensibles a los reclamos de los ciudadanos y tomar las decisiones que permitan garantizar el bien de todas y todos”, añadió.
Padierna Luna extendió la petición para que la Permanente solicité a la Comisión Nacional de Derechos Humanos dar seguimiento a la recomendación 51/2014 sobre el caso Tlatlaya, Estado de México, ocurrido el pasado 30 de junio.
Y de ser necesario, agregó, emita una nueva recomendación para atender bajo la nueva clasificación de violaciones graves a derechos humano, además, de reforzar la atención de víctimas.
Hay indicios, añadió la senadora, de que un mismo cártel participó ambos ilícitos con el apoyo de corporaciones militares y policiacas.
Recordó que los militares ejecutaron a 22 civiles en Tlatlaya, Edomex, hace seis meses.
“En este caso, la respuesta del Estado fue inadecuada al intentar engañar sobre los hechos para mantener una buena percepción de nuestro País”, indicó.
En ese caso, denunció, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) borró las evidencias en el lugar de los hechos.
“Difundió una versión de que las muertes habían sido provocadas por un enfrentamiento entre soldados y una presunta banda de secuestradores y narcotraficantes pertenecientes al cártel de los Guerreros Unidos”, comentó.
Estos hechos, recordó Padierna Luna, hasta el pasado 11 de julio, luego de que medios extranjeros divulgaron que el Ejército ejecutó a 22 personas.
Horas antes de que PGR, señaló la senadora del PRD, pretendiera dar un nuevo giro al caso de Tlatlaya, brotó la desaparición forzada de 43 normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, el pasado 26 de septiembre.
Los días 26 y 27 de septiembre, en el municipio de Iguala, Guerrero, dijo, ante la presencia del 27 batallón de infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) los sicarios asesinaron primero a seis personas y secuestraron a 43 normalistas.
“Desde entonces, para muchos observadores nacionales e internacionales había una conexión entre la matanza de Tlatlaya y los hechos en Iguala, Guerrero.
“El vínculo más claro entre ambos sucesos trágicos está en la presencia del cártel de los Guerreros Unidos en Tlatlaya e Iguala, así como su presunta capacidad de corrupción de los cuerpos policiacos y de los elementos del 27 Batallón de Infantería”, sostuvo.
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