Riesgo de impunidad, si no se implementan juicios orales: Fromow

México, D.F., 23 de febrero de 2015 (Círculo Digital).- El nuevo sistema de justicia penal funcionará en todo el país para el 18 de junio de 2016, pues de lo contrario, a partir de esa fecha los juicios serían declarados inconstitucionales y se generaría impunidad, destacó María de los Ángeles Fromow.

La secretaria Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal destacó el avance de 90 por ciento en las legislaciones de los estados para adecuarse al mandato constitucional y al Código Nacional de Procedimientos Penales.

En conferencia de prensa, la funcionaria de la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó que el sistema ya cubre a 53 por ciento de la población de los Distritos Judiciales, que corresponde a 64 millones de los 121 registrados.

La funcionaria dijo que con el nuevo sistema de justicia penal en México se realizará un cambio profundo en la forma de impartir justicia, aunque admitió que en estos dos años ha encontrado “resistencias” en los estados para la instrumentación de la reforma, pero se han ido atenuando, aseguró.

Recursos internacionales

La secretaria técnica aseguró que para agilizar los juicios orales en México se bajarán recursos de la Iniciativa Mérida y se fortalecerá la cooperación con los gobiernos de Colombia, Chile, Perú, Canadá y la Unión Europea.

Fromow Rangel explicó que el gobierno de Estados Unidos entrega aproximadamente mil 280 millones de pesos, y para ello ha solicitado a cada gobernador un proyecto de inversión de 40 millones de pesos.

María de los Ángeles Fromow explicó que la Casa Blanca ha cooperado con México con recursos para juicios orales, servicios periciales, tecnología, intercambios de docentes y alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a universidades de Estados Unidos, así como con material de telecomunicaciones, como antenas, para espacios de justicia.

En la administración de Enrique Peña Nieto se han destinado 8 mil millones de pesos para financiar la instrumentación de la reforma. (Con información de Milenio y El Universal)