¿Salen o no las 7 leyes Anticorrupción?

Tras la Puerta del Poder

*Roberto Vizcaíno

– En sus planteamientos diputados y senadores pareciera que llegan a acuerdos, pero no aprueban nada

– Todos ellos exponen caminos coherentes, que sin embargo no concluyen en Leyes

– El límite para aprobar el paquete de 7 les anticorrupción es el jueves 

El gran dilema en estos momentos en México no es si el GIEI se fue dejando tras de sí encono y rupturas no entre instituciones sino en la sociedad misma, o si Miguel Ángel Yunes Linares es finalmente castigado por sus pillerías multimillonarias cuando estuvo al frente del ISSSTE y por sus riquezas explicablemente inexplicables, sino si se aprueban o no las 7 leyes anticorrupción para hacer realidad el Sistema Nacional Anticorrupción.

La fecha límite constitucional para ello es pasado mañana, miércoles 30 de este abril.

La interrogante surge del empantanamiento en que está su tramitación dentro del Senado y la Cámara de Diputados debido al parecer a las discrepancias sobre el modelo de combate a la corrupción por parte de las dirigencias de PRI, PAN y PRD, esencialmente.

Las 7 leyes en disputa hoy en el Congreso son:

Ley General de Responsabilidades, la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, la Ley Orgánica de Administración Pública Federal y la Ley de Coordinación Fiscal, en trámite en el Senado.

Y la Reforma a la Ley Orgánica de la PGR; modificaciones al Código Penal para tipificar los delitos y las reformas en materia de Fiscalización, en proceso dentro de San Lázaro.

El principal obstáculo para su aprobación es la alianza PAN-PRD suscrita el martes 12 de este mes entre PAN y PRD para intentar adecuar las leyes hacia la creación de dos instituciones esenciales, afirman: una Fiscalía Anticorrupción autónoma, y;

La creación de un Tribunal Anticorrupción con facultades para poder procesar incluso al Presidente de la República.

Ayer mismo un grupo de abogó por fortalecer el mecanismo de denuncia ciudadana, mientras que otros pugnaban por una verdadera Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación para lo cual demandan un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación.

Así, en la mesa donde se tramita la “Ley General de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación”, varios expertos plantearon ante los diputados la necesidad de robustecer los mecanismos de transparencia.

Para ello, dijeron, es esencial facilitar la denuncia ciudadana que podría ser un elemento central en la lucha contra la corrupción en el sector público.

Otro paso necesario es el de crear normas que deriven en que, las conclusiones de las auditorías e investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación puedan ser tomadas como base en la reasignación de recursos durante eñ debate y tramitación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación.

Cecilia Romero, legisladora del PAN y secretaria de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción en San Lázaro, dijo que hay que tomar en consideración a los expertos en fiscalización.

“Hay iniciativas que tienen que ver con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, específicamente sobre la hasta hoy llamada Secretaría de la Función Pública, así como propuestas de diversos partidos respecto al tema de fiscalización, asunto para el que está facultada la Cámara de Diputados”.

A su vez Vidal Llerenas, diputado por Morena afirmó que las nuevas reglas anticorrupción deben poner especial atención en la creación y manejo de fideicomisos así como las participaciones destinadas al respaldo de deudas pública estatales.

Otro punto importante por fiscalizar es el de los instrumentos de bursatilización, o aquellos derivados del manejo de activos que tenga que ver con recursos públicos federales.

Sugirió que la Auditoría Superior de la Federación vaya directamente a fiscalizar a los estados, a través de órganos locales, para darle vida a un sistema que lleve a la homologación de la norma de auditoría.

“Queremos un país donde cualquier ente fiscalizador nos audite de la misma manera y bajo los mayores estándares”, enfatizó.

De entrada, dijo, se requiere que cada año, en cada negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación, se haga necesario tener como base para ello el informe del auditor sobre el manejo del Presupuesto del año anterior.

El contrasentido hoy, explicó es que hoy “vamos a discutir el PEF 2017 y conoceremos la Cuenta Pública de 2016… pero sólo tenemos el informe de fiscalización de 2015”.

En su oportunidad Rafael Hernández Soriano, del PRD, avaló lo dicho por Llerenas y dijo que hay que establecer reglas para impedir que, cuando la obra pública se financie con capitales privados, esos compromisos no se conviertan luego en deuda pública.

Puso también como ejemplo lo que ocurre hoy en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a cuya obra se le asignaron 169 mil millones de pesos en septiembre de 2014, a pesar de que aún no se sabe el monto real de financiamiento que se requerirá durante los próximos años.

“Hay solicitudes de préstamos en bancos extranjeros y se desconocen los términos en que se realizan y cómo se comprometieron, por la desvinculación que hay entre el origen de la deuda y su fiscalización”.

María Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano y secretaria de la misma Comisión, dijo que se debe considerar que el sistema anticorrupción va más allá de un ejercicio anual.

Las cosas indican, dijo, que los resultados de la Auditoría Superior de la Federación rinden efecto dos años después del ejercicio presupuestal.

El resultado es que hay menos funcionarios sancionados por hacer mal uso de los recursos públicos.

El panista Luis Gilberto Marrón consideró que la fiscalización de las participaciones federales destinadas para los estados debe ser obligatoria en coordinación con las autoridades locales.

“Con este esquema se busca que el 90 por ciento de los recursos sea fiscalizado”.

Pidió establecer un mecanismo para convocar a servidores públicos acusados de la desviación de recursos públicos por parte de la ASF, para someterlos a un interrogatorio legislativo.

“Debemos dar facultades de investigación a la ASF la cual es el centro del Sistema Nacional Anticorrupción”.

Pedro Luis Noble, del PRI, explicó que hoy hay exigencias sociales que obligan a la modernización del marco jurídico para adecuarlo a las reformas de años recientes.

“Se requiere de una visión ética de compromiso con el pensamiento de que el esquema debe ser integral y armonizado con las diversas legislaciones”.

Por ello sugirió abrir a todos el debate sobre este tema.

Dentro de este contexto, los trabajos sobre las leyes anticorrupción continuaron ayer con urgencia porque los plazos sed vencen y al parecer no existe todavía el acuerdo suficiente entre PRI, PAN y PRD esencialmente como para sacar adelante el paquete legal requerido y conforme pasan las horas y los días no se ve cómo vayan a destrabar los desacuerdos para cumplir con las fechas impuestas por ellos mismos para concluir estas leyes.

*Periodista

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