Senadora destaca ventajas de nueva Ley de Ejecución Penal

CIUDAD DE MÉXICO, 22 de abril, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).–La presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar, destacó que la semana próxima se aprobará la Ley Nacional de Ejecución Penal que modifica el régimen penitenciario actual y ya no será más un centro de convivencia y desarrollo de la delincuencia, ni “escuela del crimen”.

En entrevista, destacó la aprobación en comisiones de ese nuevo marco legal y explicó que con ello el sistema penitenciario será un espacio para asegurar el cumplimiento de la pena de prisión sin menoscabo a la dignidad y el desarrollo de las personas, sobre la base de los principios, garantías y derechos humanos.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que con esa ley se podrán evitar problemas que “hemos visto tantas veces en entidades federativas, incluyendo Nuevo León, para lograr tener un verdadero sistema de readaptación y reinserción social”.

Explicó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tiene la finalidad de establecer las normas que se observarán durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial condenatoria.

Entre los aspectos más relevantes para generar el cambio de paradigma en el sistema penitenciario –acotó- está el reconocimiento de la persona privada de la libertad como sujeto de derechos, y ya no como reo o prisionero, concepto ya superado así en la norma constitucional. También los niños llamados “invisibles”, tendrán atención en esta ley.

Especificó que la ley establece cinco ejes de reinserción social: respeto a los derechos humanos; trabajo y capacitación para el mismo.

Además, educación, salud y deporte para que la persona privada de la libertad no sienta una merma mayor en su desarrollo que aquella que deriva estrictamente de la sanción punitiva, lo cual permitirá un equilibrio entre la sanción y el restablecimiento de una vida plena al cumplir la pena impuesta.

Además se establece la existencia de un plan de actividades, que será diseñado con plena participación de la persona sentenciada, en el que el trabajo ya no será el único incentivo que tenga para lograr su desarrollo o la obtención de beneficios, y éste estará diseñado de acuerdo con su condición, abundó Díaz Salazar.

La senadora por Nuevo León enfatizó que en la Ley Nacional de Ejecución Penal se reconocen nuevas modalidades del empleo para que la persona privada de la libertad tenga la posibilidad de desempeñar una actividad productiva a través del autoempleo.