¿Y el IEPS contra el refresco?

Signos Vitales

Con sus 144 escuelas primarias, Azcapotzalco estaba reprobada hace tres años: estaba en la punta en el índice de obesidad y sobrepeso entre los alumnos de educación básica entre seis y 12 años de las 16 delegaciones políticas del Distrito Federal.

Sergio Palacios resultó electo jefe delegacional, el 1 de julio del 2012 y cuatro meses después, al asumir el cargo, ya había alistado un programa para sacar a la demarcación de esa ignominiosa lista. La SEP ya había dictado nuevas ordenanzas para prohibir la venta de frituras, refrescos y alimentos con alto contenido de azúcares en las tienditas escolares, sin mayor éxito.

Sin consultar a las autoridades federales o a la administración educativa capitalina, el funcionario perredista implementó al arranque del ciclo escolar 2013-2014 un sistema para repartir “barras nutricionales” a los 33,000 alumnos inscritos en las 115 primarias públicas de la demarcación.

Son 45,000 pesos diarios (el costo de cada barrita es de 1.37 pesos), más los costos de distribución, que son absorbidos íntegramente por las autoridades delegacionales, que el año pasado dieron rango de programa social a esa “actividad institucional”. Dos millones de pesos anuales del presupuesto delegacional, que resultan exiguos para el tamaño del problema.

De acuerdo con el Censo de Escuelas y Maestros de Educación Básica (Inegi 2014) sólo 30% de los planteles de educación preescolar carece de juegos infantiles y en cuatro de cada 10 de estos espacios educativos los niños reciben alimentos por parte de las autoridades.

Los programas de activación física y de dotación de desayunos escolares -hace tres décadas entregaba Conasupo palanquetas, mazapanes y leche enriquecida en las zonas más depauperadas del país- deberían ser complementarios de las medidas de regulación sanitaria y la política fiscal.

La estrategia nacional para la prevención y control del sobrepeso y la obesidad está enfocada a desacelerar el incremento en la prevalencia de las enfermedades crónicas no transmisibles, principalmente la diabetes, los padecimientos cardiacos y el cáncer. La atención médica a los enfermos de estos padecimientos en las instituciones de salud pública, en caso de que las tendencias actuales prevalezcan, pronto quedaría rebasada.

En el terreno de las acciones preventivas los esfuerzos existentes son aislados y de impacto mínimo. Y en la aplicación de medidas restrictivas, la Comisión Nacional para la Protección de Riesgos Sanitarios ha generado resultados desiguales, pues si bien la publicidad de los productos con alto contenido calórico ha quedado fuera de los horarios de audiencia infantil en la televisión comercial, una intensa batalla entre el organismo regulador que encabeza Mikel Arriola y los gigantes de la industria está en ciernes con la implementación del etiquetado obligatorio, con la información nutrimental de alimentos y bebidas no alcohólicas.

El etiquetado voluntario resultó en información fraudulenta para los consumidores y forzó al Estado a aplicar medidas coercitivas, para modificar los hábitos de la población (…) sin necesidad de legislar. El Ejecutivo federal expidió el decreto que reformó el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, que entró en vigor el 14 de febrero del 2014 y estableció un plazo de gracia para que los productos obligatoriamente incluyan una etiqueta que informe sobre su contenido calórico, con la distinción de la fuente de la cual provenga el aporte calórico (azúcares, grasas saturadas, sodio y otras grasas, según el caso) y la precisión del contenido energético total, el número de porciones presentes en el envase y el contenido calórico por cada porción.

La implementación del etiquetado frontal, de acuerdo con el calendario impuesto por las autoridades, debe quedar completamente vigente en el primer semestre del 2015. A un mes de que expire ese plazo, se libra la batalla final. A regañadientes, los industriales aceptaron imprimir etiquetas en la parte frontal de sus productos, pero se resisten a definir los porcentajes de contenido calórico que el consumo de cada envase aportaría a la dieta diaria de los consumidores. Y menos quieren que aparezca la guía de recomendaciones de ingesta de la OMS. El “modelo colombiano” de semáforo -impulsado por algunas OSC y tolerado por la Iniciativa Privada- ha quedado prácticamente descartado.

De acuerdo con un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, para el 2015 la recaudación por IEPS a bebidas saborizadas ascenderá a 18,271 millones de pesos, lo que implicaría una caída de 3.1% real anual, lo que sería una evidencia contundente del fracaso de este modelo de regulación. El impuesto ha servido para recaudar más dinero, pero no para reducir la obesidad.

Apenas la semana pasada, la secretaria de Salud, Mercedes Juan, reconoció durante la Convención de Aseguradores de México que el impuesto al refresco había generado la reducción de 16 calorías en el consumo calórico diario de los mexicanos. Y observó que las empresas refresqueras habían optado por envases de menor tamaño.

La funcionaria federal urgió a los profesionales de ese ramo a diseñar nuevas coberturas de salud debido al incremento de las enfermedades crónicas no transmisibles. Y aceptó que el sistema nacional de salud tendrá que destinar más presupuesto a la prevención y control de sobrepeso y diabetes.

¿Y los programas integrales, como el de la delegación Azcapotzalco?