El senador destaca el endurecimiento del trato a personas en tránsito como violatorio de los derechos humanos.
CIUDAD DE MÉXICO, 30 de diciembre (CDMX Magacín).—Ante la entrada en vigor de la ley antiinmigrante en Texas, a partir de marzo, Ricardo Monreal Ávila afirmó que a través de la vía Parlamentaria se combatirá dicho ordenamiento por “regresivo, inadecuado y criminal”.
Nadie que se diga progresista o con sentido humanista, puede aceptar la criminalización de la migración que está ocurriendo y se ha agudizado en el vecino país del norte en su cruce en Texas, advirtió.
Desde el 18 de diciembre, el gobernador Greg Abbott promulgó un paquete de leyes aprobado por la Legislatura de ese estado, con ello logró que las reformas se destacaran de lo antiinmigrante, indicó el legislador morenista.
Entre las medidas se encuentra la asignación de mil 440 millones de dólares a las autoridades locales para incrementar la vigilancia en la frontera con México, lo cual evita que haya una migración, pero viola derechos humanos, señaló Ricardo Monreal.
Agregó que se destinaron recursos para la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura antiinmigrante, barreras, muros, “todo lo que habían venido haciendo”.
Otra de las medidas establece como delito penal la entrada ilegal a este estado desde una nación extranjera distinta, los intentos repetidos de ingresar a Texas se penalizan con 20 años de prisión, también proporciona el mecanismo para ordenar a un delincuente que regrese a la nación extranjera desde la cual entró o intentó ingresar.
Aunado a lo anterior, señaló el legislador, la ley proporciona inmunidad civil indemnización a funcionarios empleados y contratistas de los gobiernos locales y estatales por demandas que resulten de la aplicación de estas disposiciones racistas, discriminatorias y xenofóbicas.
En su mensaje difundido en redes sociales, Ricardo Monreal hizo referencia a Adriana Piñón, directora legal de la Unión Americana de Libertades Civiles en Texas, el estado ha desperdiciado miles de millones de dólares de los contribuyentes en políticas de vigilancia fronteriza fallida, que podría gastar en educación, mejorar infraestructura y atención médica.