CDMX MAGACÍN
Aprobado por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, el Código Fiscal 2025 contempla modificaciones relevantes, como una política tributaria equitativa y sostenible, un nuevo impuesto ecológico, actualización de cuotas y tarifas, fortalecimiento del padrón catastral, enfoque en los derechos y seguridad jurídica.
Asimismo, este ordenamiento contempla beneficios sociales y prerrogativas fiscales, adición del artículo 51 bis a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, reforma al artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, beneficios sociales y administrativos.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Hacienda, diputado Pablo Trejo Pérez (PRD) indicó que las propuestas de reforma que considera el dictamen tienen por objetivo fortalecer las finanzas públicas, promover la sostenibilidad económica, ambiental, generar beneficios económicos amplios y equitativos; reglas claras y precisas para obtener la recaudación pertinente para el funcionamiento de la ciudad.
La iniciativa de Decreto del Código Fiscal de la Ciudad de México 2025 respeta los principios constitucionales aplicables, promoviendo un esquema fiscal y administrativo que fortalece el estado de derecho y asegura el cumplimiento de los derechos y deberes constitucionales tanto del gobierno como de la ciudadanía.
Adicionalmente, la propuesta incorpora elementos innovadores, como la creación de un impuesto ecológico a la emisión de gases contaminantes, con una cuota de 58 pesos por tonelada de CO2 equivalente, mismo que no sólo promueve la sostenibilidad ambiental mediante la reducción de emisiones contaminantes, sino que también genera recursos destinados a proyectos estratégicos en movilidad, agua y seguridad.
En lo referente a las modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública, buscan reforzar el marco jurídico de los fideicomisos públicos, haciéndolo más específico y acorde con los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal que rigen la administración de los recursos públicos.
Precisa que los fideicomisos públicos pueden ser constituidos no sólo por la administración central, sino también por las dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad, con la Secretaría de Administración y Finanzas como fideicomitente central.
El dictamen aprobado señala que la iniciativa del Código Fiscal de la Ciudad de México 2025 es jurídicamente viable, socialmente justa y estratégicamente alineada con los principios de sostenibilidad y desarrollo integral. Su diseño normativo garantiza un equilibrio entre responsabilidad fiscal, justicia social y fortalecimiento institucional, lo que la convierte en un instrumento eficaz para atender las prioridades económicas, sociales y ambientales de la Ciudad.
Aumenta el ISN
Al exponer su voto particular, el diputado Andrés Atayde Rubiolo (PAN) adelantó que votaría en contra, en virtud del incremento al Impuesto Sobre Nómina, que se dice que es del uno por ciento, pero aseguró que en realidad es del 33 por ciento, lo que convertirá a la capital como una de las entidades con la tasa más alta del país y quienes lo van a terminar pagando son los pequeños negocios.
En este mismo sentido, el legislador Ricardo Rubio Torres (PAN) resaltó que gobiernos previos han realizado corridas financieras y otros cálculos de medida para que no sea una sola aplicación gradual, que además van acompañadas del uso de otras medidas financieras, para evitar debilitamiento o potencial cierre de empresas pequeñas o medianas, resaltó; “por ello se debió de escuchar la opinión de las alcaldías respecto al Impuesto Sobre Nómina, ya que no todas tienen la misma necesidad de inversión”.
La diputada Elvia Estrada Barba (PVEM) señaló que este paquete económico reúne los elementos necesarios para que en lo social se avance en la disminución de las brechas de la desigualdad, por ello puso como ejemplo el incremento de 17 mil millones de pesos en subsidios y programas sociales, también los incrementos en rubros de educación, salud, cultura, inversión sostenible, movilidad, agua y rehabilitación de pozos.
El legislador Royfid Torres González (MC) se refirió a la contaminación del aire y el medio ambiente, al empeoramiento de la calidad del aire y los efectos en la salud de la población por la contaminación ambiental, que en parte es causado por la Termoeléctrica de Tula, y en este sentido, destacó la importancia de los impuestos a las emisiones contaminantes establecidos en este Código Fiscal, “quien contamina tiene que pagar”, los cuales ayudarán a resarcir el daño ambiental.
El paquete económico representa los principios rectores de la cuarta transformación: responsabilidad fiscal, honestidad, atención a las causas y austeridad, aseguró la congresista Diana Barragán Sánchez (PT). Resaltó su enfoque en atención a infancias, personas con discapacidad y seres sintientes; así como los dos mil millones de pesos de presupuesto de egresos a través de presupuesto participativo y el aumento del 8.8 por ciento al recurso de alcaldías.
La diputada Erika Lizeth Rosales Medina (Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación) recalcó que este paquete económico no tiene precedentes para garantizar equidad, sostenibilidad y bienestar social en línea con la Agenda 2030, además del incremento de 8.8 por ciento a las 16 alcaldías, lo que implica un compromiso para garantizar servicios de primera necesidad y el 13.1 por ciento a SACMEX para atender el tema del agua.