Glorieta de Colón
No hay duda: Jesús Zambrano y el diputado federal de Morena, Víctor Hugo Lobo Román son los mejores representantes de la caquistocracia de la política mexicana. Además de que hundieron al PRD nacional hasta su extinción, han pretendido apoderarse a la mala del sobreviviente PRD de la Ciudad de México, al grado de que invadieron varias sedes en las Alcaldías, las han ocupado para negocios personales, para hacer limpias y para masajes (Iztacalco) e incluso las dejaron en manos de la delincuencia, como el caso del PRD de Cuajimalpa, donde se cometió un feminicidio, que por cierto es uno de los muchos pendientes que tiene por resolver la Fiscalía de “Justicia” de Bertha Alcalde, que ya nos demostró los niveles de ineficiencia y corrupción que hay, con el lamentable caso de Edith Guadalupe.
Actualmente, en el PRD de La Magdalena Contreras los ex perredistas Maximino Molina Almaraz y Carlos Rosales Esteva, del equipo de Zambrano y Lobo Román, tienen una guardería en la que cobran 500 pesos semanales, y aceptan desde bebés de 1 mes de nacidos, hasta niños de 4 años de edad. Lo más extraño y absurdo es que pese a tener identificada la casa como guardería, ninguna autoridad ha realizado una inspección de salubridad, de protección civil para clausurarlos, porque operan de manera ilegal, poniendo en riesgo la vida de los bebés e infantes. Tampoco ha hecho su tarea en este caso la Fiscalía, pues hay denuncia presentada por despojo del inmueble en La Magdalena Contreras desde el año pasado, y reina la impunidad. Que conste que ya lo alertamos en este espacio. Ya nada más para ilustrar: la caquistocracia es lo peor de los políticos, los más ineptos, corruptos, inmorales, cuyas decisiones afectan a la sociedad. En el caso de Zambrano y Lobo Román el concepto se queda corto.
Beneficio para 2 millones
Como lo anticipamos hace un par de días, en la Jefatura de Gobierno de la CDMX ya terminaron de cocinar la iniciativa de reforma Constitucional para la creación de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles, cuyo propósito es proteger los derechos de más de 2 millones de capitalinos que habitan una vivienda de alquiler, y frenar la gentrificación de la capital, sin afectar a los propietarios de las viviendas. Tiene que haber un equilibrio, y para ello se va a crear también la Defensoría de los Derechos Inquilinarios que regulará las relaciones entre arrendadores y arrendatarios. Será toda una reforma legal de vanguardia a nivel mundial, en cuanto al derecho a la vivienda, promete Clara Brugada.