David Polanco / CDMX Magacín
El Congreso local solicitó a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) investigar y, en su caso, sancionar las prácticas de modificación unilateral en las condiciones del servicio de internet por parte de la empresa Totalplay, particularmente aquellas que implican establecer topes de consumo en servicios comercializados como “ilimitados”, para garantizar el respeto a los derechos de las y los consumidores.
La diputada Elizabeth Mateos Hernández (MORENA) denunció en tribuna que millones de familias han visto vulnerado su derecho a un consumo libre, justo y transparente del servicio de internet por parte de esta empresa.
Informó que Totalplay cuenta con más de 4.6 millones de suscriptores en México, que la ubican como una de las principales empresas de telecomunicaciones, sin embargo, de manera unilateral y sin el consentimiento de sus personas usuarias, modificó las condiciones de sus contratos para establecer topes de consumo en planes que originalmente se comercializaron como “ilimitados”, lo cual es una clara afectación a los derechos de las y los consumidores.
“La empresa pretende imponer límites de datos mensuales y, al rebasarlos, aplicar cobros adicionales de hasta 110 pesos por cada 100 gigas extra. ¿Y saben cuál fue la “solución” que propusieron?, si no estás de acuerdo, llama y pide que te regresen al plan anterior”, aseguró.
En este sentido, la diputada Mateos Hernández expresó que diversas personas usuarias han reportado tiempos de espera de más de 40 minutos, y que una vez que logran comunicarse, les es difícil conservar su plan anterior, ya que las personas operadoras intentan disuadirlos o poner trabas.
Reconoció las acciones de la PROFECO, encabezada por Iván Escalante, quien ha actuado con responsabilidad al investigar y exigir que se respete lo establecido en los contratos. “Ha recordado con firmeza que la ley prohíbe modificar unilateralmente las condiciones del servicio sin consentimiento del consumidor”, y pidió continuar en esta ruta.
“El que paga, manda. Y quien contrata un servicio, tiene derecho a que se le respete lo pactado. Hoy en día el internet no es un lujo, es una necesidad. Y limitarlo en pleno 2025 es ir en sentido contrario al derecho a la conectividad y al bienestar social”, concluyó la legisladora Mateos Hernández.